Con la propuesta de Ríos Limpos se pactarían las indemnizaciones y se reduciría la condena
El procedimiento penal por la muerte de 17.013 peces en junio de 2009 en el río Barbaña a su paso por la ciudad, debido a un vertido altamente contaminante procedente de la depuradora de San Cibrao, está ya en el Juzgado de lo Penal 2, el órgano que se encargará de fijar la vista oral, prevista en el horizonte de 2018. Pero el caso, iniciado hace ya ocho años, sigue acumulando folios, traducidos en incidencias y trámites procesales hasta el último momento. Incluso en el órgano encargo del enjuiciamiento.
Aunque la más importante fue la reapertura del caso por parte del Juzgado de Instrucción 1 por decisión de la Audiencia provincial en marzo de 2015 -el juez no veía delito-, ahora sortea una nueva vicisitud. La juez del Penal 2 acaba de dictar una providencia para que todas las partes personadas se pronuncien sobre la petición formulada por la acusación popular que ejercen las asociaciones vecinal San Breixo de Seixalbo, Encontros y Barbaña (reunidas en la Plataforma Ríos Limpos): derivar el procedimiento a la mediación penal para lograr una solución de consenso con los inculpados, haciendo de esta forma valer los principios de la Justicia restaurativa. Implicaría una rebaja en la pena (a través de atenuantes) siempre y cuando el daño causado al río quede reparado (indemnizaciones). Todo ello traducido, posteriormente, en una sentencia de conformidad.
Los cuatro investigados, Concello de San Cibrao, Espina&Delfín SL, Fiscalía y abogado del Estado deberán decidir esta misma semana si aceptan la solicitud de mediación en la que se propone como mediador a Fernando Cobo Gradín, doctor en Biología y profesor titular del departamento de Zoología y Antropología Física de la Universidad de Santiago.
El abogado que ejerce la acusación popular, alega, entre otros argumentos, que "la mediación permite tomar conciencia de la importancia del individuo y de la comunidad en el origen y en el tratamiento de los delitos y la solución de los conflictos a ellos asociados". Añade que la justicia penal alcanza de esta forma "resultados más constructivos y menos represivos". Y, aunque la posibilidad de llegar a un acuerdo se presenta complicada, el letrado está convencido que sería la fórmula más apropiada para resolver un conflicto latente durante muchos tiempo.
En este proceso figuran como investigados la directiva de Espina y Delfín Rosa Blanca R.G., el jefe de servicio Enrique I.P., el encargado del mantenimiento de la depuradora, Manuel C.M., y el responsable del control de funcionamiento de las instalaciones, Pablo R.P. Están acusados de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente.
