El 2019 no ha sido un buen año para la inversión pública en la provincia ni por la cuantía total ni por la aportación de alguna de las administraciones. La interinidad del Gobierno del Estado, el trabajar con Presupuestos prorrogados y la falta de inclusión de proyectos nuevos o licitaciones pendientes han dejado en una posición débil a Ourense.
Según los datos que acaba de hacer públicos Seopan, la patronal de la construcción en España —que audita la publicación de las obras en los boletines oficiales—, hasta 31 de diciembre salieron al mercado obras por valor de 88,9 millones de euros, sumadas las aportaciones de todas las administraciones.
El Gobierno central movilizó partidas por valor de 26,1 millones de euros, es decir, el 29,3% del total de lo consignado a Ourense. El retroceso con respecto al 2018 es muy importante, por cuanto se habían licitado 213,2 millones, incluso es ligeramente inferior al 2017, que llegó a los 38,1 millones.
Las obras que el gobierno central sacó a concurso el pasado año supusieron el 10,5% de lo licitado en toda la comunidad gallega
Es, por otra parte, la provincia peor tratada de Galicia ya que el Gobierno de Sánchez licitó obras por valor de 121,5 millones de euros, mientras que en Lugo la cantidad fue de 41,1 millones y en Pontevedra, 58,8 millones.
En ese contexto, el importe de la licitación pública del Estado en Ourense supuso el año pasado un 10,5% de lo licitado en toda la comunidad. Pudo, en todo caso, recibir la provincia alguna partida de los 41,5 millones de euros del Gobierno central y que aparecen en el apartado de licitación no regionalizable.
Con respecto al resto de las provincias españolas, Ourense recogió el 0,4% de todo lo licitado por el Estado en toda España. De todas formas, hay once provincias con una cantidad menor de licitación de obra pública.
CIFRAS TOTALES
También la cantidad total licitada por todas las administraciones el pasado año y con destino a Ourense —88,9 millones— la deja a la cola de Galicia, muy por debajo de las otras tres provincias de la comunidad. En A Coruña se han movilizado obras por valor de 400 millones; en Lugo, 141,6 millones y en Pontevedra, 290,1 millones. En el histórico, el 2019 no pasara por ser una anualidad con grandes aportaciones. Sin ir más lejos, en el 2018 la cifra había subido hasta los 255,2 millones, si bien los tres años anteriores no llegaron en ningún caso a 55 millones.
El resto de las administraciones han tenido un comportamiento irregular. La Xunta, con una gran capacidad inversora, resolvió el pasado ejercicio con 32,7 millones de euros, casi el doble de los 17,8 millones incluidos en el 2018, pero inferior a los 34,7 millones del año 207.
CONCELLOS
Por lo que respecta a las aportaciones hechas por la administración local (concellos y Diputación) el año pasado fue de 30,1 millones de euros, cerca de un tercio del total licitado el año pasado. En el 2018, la cifra fue de 25,1 millones y un año antes, 14,7 millones.
AÑO | MILLONES DE EUROS |
2008 |
164,9 |
2009 | 287,9 |
2010 | 151,4 |
2011 | 790,3 |
2012 | 1.025,3 |
2013 | 114,7 |
2014 | 38,8 |
2015 | 38,2 |
2016 | 51,9 |
2017 | 87,8 |
2018 | 255,2 |
2019 | 88,9 |
Fuente: Seopan, estadística de licitación pública
El conjunto cultural de San Fransico, que ya ha finalizado —salvo el equipamiento del archivo—, la reforma del Museo Arqueológico será el compromiso siguiente, ya con plazos fijados.
La conclusión de esas inversiones dejarán un hueco en los Presupuestos del Estado, si bien aún quedan acciones importantes por acometer: la variante norte o las autovías a Lugo o Ponferrada.
Pero el porcentaje de sustitución es incierto porque algunas instituciones como el Concello de Ourense carece en estos momentos de proyectos de interés para conseguir financiación del resto de las administraciones. El panorama es complejo, porque ni el propio Concello ha sido capaz con sus propios recursos de licitar proyectos.
Entre enero y septiembre del año pasado —último dato disponible— el Concello de Ourense puso en el mercado obras por valor de 1,08 millones de euros, entre los cinco ayuntamientos de capitales de provincia con una menor capacidad para hacer inversiones.