Según explicó, "el procedimiento para la tramitación del gasto fue irregular"
La exconcejal de Comercio en el gobierno bipartito del Concello de Ourense , Ana Garza, declaró ayer como testigo en el caso del pago por parte del Gobierno municipal del PP de algo más de 60.000 euros a Jolper Música, empresa vinculada al concejal de DO Gonzalo Pérez Jácome, por 295 altavoces que no llegaron nunca a instalarse. El juez de Instrucción 2 también citó al interventor, Gonzalo Alonso, y la exjefa del servicio de contratación, María José Outeiriño, tal como pedía la denunciante, la exedil socialista de Urbanismo, Áurea Soto. Todo ello después de que la Audiencia de Ourense revocara el archivo decretado por el instructor del caso.
El interventor confirmó que la factura la autorizó la junta de gobierno local del Concello de Ourense en su reunión del 26 de octubre del 2006 y que después se pagó al proveedor. Según explicó, "el procedimiento para la tramitación del gasto fue irregular", ya que por su cuantía -añadió- debía ir a licitación pública, y así lo hizo constar en un informe que consta en la cuenta general del Concello dentro de la labor de fiscalización realizada tras el pago, aludiendo en el mismo a seis expedientes administrativos irregulares. Alonso también añadió que no le constaba un expediente para la aprobación de la factura.
La tramitación de los altavoces se hizo como un contrato menor lo que, según dijo al juez, "es una ilegalidad administrativa, en contra de la ley de contratos de las administraciones públicas".
Por su parte, la exconcejala Ana Garza aseguró que cuando llegó al Gobierno local se entrevistó con Jácome para saber dónde se hallaban los altavoces, comprobando que no estaban ni en el Concello ni junto al proveedor. Este último le dijo que no los tenía porque la empresa suministradora no lo haría hasta después del verano. Y así lo hizo en septiembre de 2007. Asimismo, explicó que los técnicos y el arquitecto del PERI le informaron que no era factible su instalación porque debían ir en fachadas privadas y el Plan no lo permite.
Por su parte, la que fuera jefa del servicio de contratación entre 2002 y 2011 declaró que no informó ninguna factura relativa a Jolper ni recordaba asuntos relacionados con esa empresa. La testigo confirmó que por la cuantía del suministro (más de 60.000 euros) debía llevarse como contrato menor y que para autorizar el pago habría que comprobar que se hizo el suministro.
