El interventor ve irregular el pliego del mercado de A Ponte

El interventor del Concello de Ourense censura con dureza el pliego de contratación de la Plaza de Abastos de A Ponte, una de las grandes obsesiones del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que se ha sacado a concurso incumpliendo la propia norma del Concello, que obliga a realizar previamente un proyecto de explotación. Además, el pliego fuerza a la futura adjudicataria a acometer obras ante el mal estado actual del edificio sin especificar los pormenores. Son solo dos de las causas que recoge el demoledor informe del interventor, que pone en entredicho que pueda salir a concurso conforme este expediente, que Jácome ha lanzado con casi 900 días de retraso, ya que prometió reabrir la Plaza pontina en solo 90 días. Este funcionario, encargado de la fiscalización económico-financiera del Concello, aprecia “diversos incumprimentos da normativa”, tales como carecer del proyecto de explotación, que no solo exige la normativa estatal sino la ordenanza del Concello. El pliego de condiciones ni siquiera detalla los gastos que se pretenden imputar a la empresa para solucionar problemas como la carcoma existente en todo el edificio. El interventor ve “insuficiente” la exigencia de solvencia a la adjudicataria y, además, pone en entredicho la exención de pagar el canon durante cuatro meses como compensación a las obras que la concesionaria tendrá que acometer ante el mal estado del edificio. También ve un incumplimiento de la normativa “sen discusión” en la ausencia de los trámites seguidos para elaborar el estudio de viabilidad económica-financiera. Tampoco se ha elaborado el proyecto de explotación, contraviniendo “claramente” la ley, y sustituyéndolo por una providencia del alcalde “con referencias vagas” a la explotación, pero sin concretar “aspectos claves” como las inversiones a realizar. La propia normativa del Concello, en su Regulamento municipal de mercados e prazas de abastos, establece que para la gestión indirecta se hará entrega “do proxecto do servizo”. De hecho, en el año 2000, para la licitación de la Plaza de Abastos número 1, sí se cumplió la normativa aprobando dicho proyecto. Errores "expresos" e inconcreción Otra de las vulneraciones detectadas en el informe del interventor es la infracción del plazo de duración de la concesión, que se prevé por ocho años, con otros dos de prórroga. La Ley de Contratos del Sector Público establece que cuando las concesiones de servicio excedan de cinco años, como en este caso, “a duración total non poderá exceder do tempo que se calcule razoable para que o concesionario recupere os investimentos realizados para a explotación das obras ou servizos, xunto cun rendemento sobre o capital investido”. Sin embargo, en este caso, censura el interventor, “non figura xustificación algunha”. De hecho, el propio pliego reconoce este error “de xeito expreso” en el estudio de viabilidad, reconociendo que sería necesario emitir un informe técnico posterior que “podería alterar significativamente os números”. Otro de los puntos que critica el informe del interventor es “un certo grao de inconcreción” en los criterios de adjudicación, al no especificar ni el personal necesario ni los perfiles profesionales que se demandan.