Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, reapareció ayer tras semanas sin comparecer ante los medios, evitando hablar de nuevas obras y optando por priorizar la renuncia a subvenciones que ve innecesarias, dilatando más plazos, como las rampas mecánicas, que ahora prevé empezar a construir en 2022, y deslizando que podría vincular la aprobación de los presupuestos de 2022 a una moción de confianza.
Uno de los primeros anuncios de Jácome fue la renuncia del Concello a la subvención de 1,7 millones de euros de Red.es para un proyecto de turismo inteligente que había conseguido el PP en su etapa de gobierno y que, entre otras cosas, incluía la colocación de pantallas interactivas y wifi en 50 puntos de la ciudad.
Además, el proyecto contemplaba aplicaciones para modernizar las termas con iluminación inteligente en los paseos y con aplicaciones para que los usuarios pudieran conocer en tiempo real la temperatura, las subidas de caudal del río o los sitios libres para aparcar.
El problema, según Jácome, es que el Concello tendría que poner los 1,2 millones restantes. “Es una estafa”, criticó el regidor, que la tildó de “subvención trampa”, ya que dijo que el valor real del proyecto “no son ni 400.000 euros”. Y recordó, como si estuviese en la oposición, que es "un sistema para gastar miles de euros en saber dónde aparcar cuando no hay ni párquin, o para encender farolas de forma inteligente cuando no hay ni farolas”. Asegura que destinará este dinero a “emergencia social” y no a “unos listillos nos vendan cuatro lámparas y cuatro chips”.
NUEVOS PLAZOS
Otro de los aspectos abordados por el regidor fue una sucesión de excusas sobre sus continuos incumplimientos de plazos. Algo que no surgió de él, que esta vez evitó hablar de obras, pero a lo que tuvo que responder cuestionado por la prensa. La Sala Valente no será de oficinas, como había planteado, “por culpa de PSOE, que tocó sus hilos en Madrid y bombardeó el proyecto”. Los contenedores soterrados no se sacarán a concurso hasta verano “porque antes hay que liquidar el ejercicio”. Las escaleras mecánicas empezarán en 2022, “porque acabo de entrar y llevo apenas año y medio y me deberían mirar con la misma lupa que a Feijóo”. La gestión de la Plaza de Abastos de A Ponte es el único proyecto inminente, dice: “Se va a licitar ya, la semana que viene irá a junta de gobierno”.
En cuanto a su prometido “tetris de Ourense” anunciado hace un año para construir piscinas, polideportivos o un velódromo, “se mantiene todo”, sin concretar. Y presume: “En los últimos 12 años no hay una sola idea de relieve que no saliera de DO”.
En cuanto al futuro presupuesto, con el de 2021 ya descartado, Jácome anunció su intención de pactar unos con la oposición y presentarlos en octubre de este año. Si no pactan, “me obligarán a someterme a una moción de confianza. No tengo problema”.
El Juzgado de lo Social no entra en el fondo del cese de un asesor, al no verse competente
El Juzgado de lo Social número 2 de Ourense evita entrar al fondo del asunto y absuelve al Concello del despido realizado por Jácome al que fue su asesor, Bruno Blanco, en septiembre de 2020, ya que considera que es el contencioso-administrativo el que debe pronunciarse. La magistrada considera que el litigio está excluido de lo social porque se trata de personal eventual del Concello, no laboral, como defiende el denunciante, que entiende que existió “fraude de ley” en su contratación, al considerar que realizaba funciones de auxiliar administrativo y no de personal de confianza.
La jueza no ve acreditado una relación de “naturaleza laboral” entre el Concello y el demandante, por lo que el Juzgado de lo Social no es competente para decidir sobre si el despido fue nulo o improcedente. Así, destaca que no le fueron concedidas credenciales para acceder al dominio corporativo ni a ninguna aplicación corporativa, a excepción del correo electrónico. La magistrada concluye que sus funciones eran “propias de los asesores políticos” e invita al demandante a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Por su parte, Bruno Blanco insiste en que el Juzgado de lo Social es el órgano competente para juzgar el cese. “Vamos a estudiar un posible recurso para que el TSXG decida si procede o no la competencia jurisdiccional. Llegaré hasta donde la Justicia me permita, como siempre mantengo”.
