Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, se pronunció ayer, una semana después de la polémica, sobre la elección de un rey Baltasar en la cabalgata condenado dos veces por abuso sexual. Y, como es habitual desde que está en el poder, lo hizo para quitarse de encima cualquier atisbo de culpabilidad y calificar de “éxito total” la celebración. Dijo desconocer los antecedentes penales del seleccionado y defendió que aunque la elección no fuera “la más idónea”, la ley solo obliga a pedir certificado negativo de penales a los que tienen “contacto habitual” con menores y no una mera actividad “ocasional”. Estas explicaciones no convencieron al pleno, que pidió su dimisión con el voto favorable de 22 de los 27 concejales, en una moción presentada por el PP -todos votaron a favor salvo DO y Laureano Bermejo-.
Jácome culpó a prensa y oposición de la polémica -“nosotros no tuvimos la culpa, no cometimos ningún error”- y defendió que ni él ni su equipo “conocíamos el pasado” de esa persona -“¿tengo que conocer la vida de los camareros?”-, aunque reconoció tratar “mucho” a los dueños del bar en el que trabaja.
El regidor señaló que no hubo “nada ilegal” en un pleno de nuevo bronco, el PSOE abandonó la sesión antes del final, tras las amenazas del regidor que, visiblemente alterado, intentó desviar la atención y espetó a la portavoz socialista, Natalia González: “Voy a sacar tus lazos familiares en el Concello”.
El alcalde resaltó que haber elegido a un abusador reincidente le pudo “haber pasado a cualquiera” y que finalmente “no pasó nada”. Y puso un extraño ejemplo: “Es como si te dicen que el guitarrista de los Rolling Stones es un asesino después del concierto y dices ‘pues el concierto fue increíble’; pues la Cabalgata igual, fue espectacular”.
"Inaceptable"
La oposición hizo hincapié en la falta de ética. Desde el PP, la portavoz Flora Moure acusó al alcalde de ser el “más cobarde de la historia” y haber hecho “la cabalgata más vergonzosa de la historia, la más irresponsable de la historia y la más peligrosa de la historia”, al tiempo que mostró sus “dudas” sobre el argumento de que Jácome desconocía los antecedentes.
En ese sentido el portavoz del BNG, Luis Seara, manifestó directamente que “non hai ningunha dúbida de que o alcalde coñecía o pasado desa persoa”, y acusó a Jácome de “machista e misóxino”. Tildó de “inaceptable” lo sucedido y lo desvinculó de la obligatoriedad o no del certificado de penales, pues “sería igualmente inaceptable se fose elixido para dar un pregón”, ya que esto “humilla” a las víctimas. Aventuró que “a todo porquiño lle chega o seu San Martiño”.
La socialista Natalia González tildó de “gravísimo” lo ocurrido y señaló a Jácome como único responsable: “Cagouna”. Pidió un acuerdo unánime para que nadie permita con su voto después de mayo que siga como alcalde -”eu antes de facer iso dimitiría”- y lo acusó de convertir el Concello en un “chiringuito de amigotes”.
Pepe Araújo (Cs) aseguró que la elección fue una “metedura de pata tremenda que se lle foi das mans”, al tiempo que volvió a emplazar a PSOE y PP a una moción de censura. Sobre sus excusas, bromeó con que “Jácome sería capaz de matar alguén na Praza Maior e xustificalo por ter audiencia”.
La intervención más sorprendente fue la del no adscrito, ahora fiel aliado de Jácome, Laureano Bermejo, que abogó por la “reinserción” y el “respeto a la intimidad”.
Pokemon o ETA, argumentos para evitar la polémica
El grupo socialista abandonó el pleno antes de que finalizara la sesión, al intentar embarrar Jácome el debate con amenazas. Acusó a la socialista Natalia González de estar implicada en la operación Pokemon y la amenazó con contar cosas de sus “lazos familiares”, mientras ella le espetó que no piensa “soportar ningunha calumnia máis”. El alcalde, nervioso, aprovechó para arremeter contra el candidato del PP y tachar de filoetarras a miembros del BNG. Todo para sacar del foco la polémica de la Cabalgata y las preguntas insistentes sobre el concierto de Omar Montes, del que reconoció finalmente un déficit de 50.000 euros.
La legislación “admite debate” en este caso sobre la obligatoriedad de exigir un certificado
Abogados consultados por este periódico señalan que el articulado de la ley de protección a la infancia “excluye expresamente las actividades que implican un contacto meramente ocasional con menores” de la obligatoriedad de pedir certificado de penales -argumento que usó Jácome-, si bien la cuestión no queda resuelta y “admite debate” a tenor del último párrafo de artículo 57.2. En él se señala que se incluyen en la obligatoriedad del certificado todo tipo de actividades destinadas a menores:
“A los efectos de esta ley, son profesiones, oficios y actividades que implican contacto habitual con personas menores de edad, todas aquellas, retribuidas o no, que por su propia naturaleza y esencia conllevan el trato repetido, directo y regular y no meramente ocasional con niños o adolescentes, así como, en todo caso, todas aquellas que tengan como destinatarios principales a personas menores de edad”.
Esta última parte, mediante la expresión ‘en todo caso’, pretende abarcar a todas aquellas profesiones, oficios y actividades que tengan destinatarios principales a menores de edad, “sin distinción, a la vista de la redacción, en relación a criterios de habitualidad”, indican estas fuentes.
En cualquier caso, Jácome se escudó en la falta de habitualidad para defender su gestión en la elección y para ocultar la cuestión de fondo: la falta de ética de haber elegido a esta persona, de la que dijo no conocer sus antecedentes.
