La investigación judicial que lleva a cabo el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, Antonio Piña, sobre el servicio municipal de ayuda a domicilio del Concello de Ourense -en lo que respecta a la anterior adjudicataria, Troncoso Saludges- dio ayer un nuevo paso con la declaración, en calidad de imputada, de la jefa de servicio de Benestar desde noviembre de 2010, María Josefa Méndez.
En su declaración, la funcionaria, que contestó únicamente a las preguntas del juez y de su abogado, aseguró que se abonaban los desplazamientos de las trabajadoras de la concesionaria del servicio porque así se venía haciendo con la anterior adjudicataria y porque en el convenio colectivo de 2010 del servicio se consideraba trabajo efectivo el tiempo de atención al usuario más el traslado. De hecho, los pagos por desplazamientos y el pago de tres facturas de regularización vinculados con ellos son algunos de las supuestas irregularidades que investiga el juez.
Otro de los asuntos que están en entredicho es el equipo médico que ofrecía la anterior adjudicataria como una mejora al servicio y que, según declaró en el juzgado alguno de sus miembros, no tuvo una actuación real. En este sentido, la jefa de servicio declaró que nunca se utilizaron los servicios médicos de la empresa porque entendían que los usuarios eran atendidos por la sanidad pública. A su juicio, esta mejora no era necesaria, aunque aseguró desconocer si se tuvo en cuenta en la valoración de la oferta de la empresa para la adjudicación del servicio porque cuando ésta se produjo -en 2007- ella era jefa de ese departamento.
LOS EMPRESARIOS
Al margen de esta declaración, el juez comunicó ayer a las partes el aplazamiento al próximo 24 de abril de la citación de los dos empresarios de la UTE, José Troncoso y Alberto López (que participa en la empresa que actualmente presta el servicio) en calidad de imputados.
Otro de los asuntos que están en entredicho es el equipo médico que ofrecía la anterior adjudicataria como una mejora al servicio y que, según declaró en el juzgado alguno de sus miembros, no tuvo una actuación real. En este sentido, la jefa de servicio declaró que nunca se utilizaron los servicios médicos de la empresa porque entendían que los usuarios eran atendidos por la sanidad pública. A su juicio, esta mejora no era necesaria, aunque aseguró desconocer si se tuvo en cuenta en la valoración de la oferta de la empresa para la adjudicación del servicio porque cuando ésta se produjo -en 2007- ella era jefa de ese departamento.
LOS EMPRESARIOS
Al margen de esta declaración, el juez comunicó ayer a las partes el aplazamiento al próximo 24 de abril de la citación de los dos empresarios de la UTE, José Troncoso y Alberto López (que participa en la empresa que actualmente presta el servicio) en calidad de imputados.
