Explica el juez que, independientemente de que "no se instalaran, el material si se entregó, aunque fuese con posterioridad, destinado a una finalidad pública determinada, aunque resultase frustrada".
El juez de Instrucción 2, Luis Doval, decretó por segunda vez el sobreseimiento provisional y archivo de la querella por prevaricación administrativa presentada por la exconcejala de Urbanismo Áurea Soto contra los 10 ediles de la junta de gobierno del PP de 2006 que autorizó en octubre de ese año el pago de 61.691 euros para la compra de 295 altavoces a la empresa Jolper Música, de la que es responsable el concejal y portavoz de D.O., Gonzalo Pérez Jácome, contra quien también iba dirigida la denuncia. Los citados altavoces, que tenían como destino la sonorización de las calles del Centro Comercial Aberto, nunca llegaron a estar operativos.
El magistrado, en un auto del 7 de octubre, vuelve a hacer valer la decisión que había adoptado en 2015 pero que la Audiencia revocó por considerar precipitado su cierre. Asegura que, una vez valoradas las diligencias de instrucción practicadas en la causa, "los testigos no han aportado elementos de juicio de peso distinto de los que se tuvieron en cuenta en el auto del 28 de julio de 2015". Asegura el instructor que "no se aprecian unos mínimos indicios de la comisión del delito de malversación en cualquiera de sus modalidades del artículo 432 del Código Penal a la hora de contratar el suministro de equipos". Para ello, el juez dice que no deben perderse de vistas las circunstancias en las que se realizó la contratación: en el ámbito de una subvención concedida por la Xunta. Añade que, independientemente de que "no se instalaran, el material si se entregó, aunque fuese con posterioridad, destinado a una finalidad pública determinada, aunque resultase frustrada". No aprecia, por tanto, apropiación de fondos.
