El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad, Antonio Piña, comenzó la instrucción de la pieza separada de la Operación Pokemon que llegó a los juzgados de Ourense en diciembre por decisión de la jueza De Lara, la instructora de la macrooperación contra la corrupción política.
Esta pieza separada se basa en un documento hallado en el registro realizado en la casa del exalcalde Francisco Rodríguez en la que un empresario afín al regidor -sin identificar en ese escrito- se autoproclama mediador entre el presidente de la Xunta y el presidente de la Audiencia de Ourense para acelerar el pleito civil y levantar las anotaciones preventivas que pesaban sobre la finca en la que El Corte Inglés pretendía instalar Hipercor (la Audiencia , por contra, optó por no levantarlas al dar la razón a los reversionistas, contraviniendo en ese momento los intereses del Concello de Ourense).
EL ALCALDE DECLARÓ
Aun con todo, el juez ya tomó declaración al exregidor en calidad de testigo hace unos días y, según fuentes cercanas al caso, la instrucción proseguirá con la práctica de nuevas diligencias antes de decidir si se archiva o lo remite al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya que el documento alude a dos aforados.
Fuentes jurídicas han mostrado su extrañeza con la apertura de diligencias previas en torno a este caso cuando la redacción del documento en sí no alude a ningún delito. Y , máxime, cuando las sentencias dictadas por la Audiencia en el caso Hipercor no dan lugar a interpretación espúrea de la que se derive un trato de favor hacia el Concello de Ourense.
EL ALCALDE DECLARÓ
Aun con todo, el juez ya tomó declaración al exregidor en calidad de testigo hace unos días y, según fuentes cercanas al caso, la instrucción proseguirá con la práctica de nuevas diligencias antes de decidir si se archiva o lo remite al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya que el documento alude a dos aforados.
Fuentes jurídicas han mostrado su extrañeza con la apertura de diligencias previas en torno a este caso cuando la redacción del documento en sí no alude a ningún delito. Y , máxime, cuando las sentencias dictadas por la Audiencia en el caso Hipercor no dan lugar a interpretación espúrea de la que se derive un trato de favor hacia el Concello de Ourense.
