La manifestación convocada por UGT y CC.OO fue legitimada por el TSXG para no vulnerar el derecho de reunión

El juez desautoriza al Gobierno y permite una protesta antirrecortes

Cabecera de la manifestación desarrollada ayer en Ourense, supervisada por el habitual dispositivo policial.  (Foto: MIGUEL ÁNGEL)
Con total normalidad se desarrolló la manifestación contra los recortes convocada ayer por los sindicatos UGT y CC.OO. en Ourense, después de que una resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anulase la decisión de la Subdelegación del Gobierno -amparada, a su vez, en una resolución de la junta electoral- de prohibir su desarrollo.
La convocatoria de la manifestación -bajo el lema 'Contra os recortes sociais e na defensa dos sectores industriais galegos'- había sido comunicada por ambas centrales sindicales a la Subdelegación del Gobierno y fue ésta la que la remitió a la junta electoral central, según recoge la sentencia emitida ayer por el TSXG. El órgano electoral se pronunció en contra y fue la Subdelegación la que comunicó que no se autorizaba la convocatoria. 'Con esa operativa, son las subdelegaciones del gobierno las que están asumiendo el contenido de las juntas electorales de modo tácito, por lo que en realidad está denegando la autorización para las manifestaciones', indica la resolución judicial.

El magistrado añade que la competencia de las juntas electorales sobre el derecho de manifestación o reunión está limitado a los actos que se consideren de campaña electoral, es decir, los realizados por candidatos, partidos o agrupaciones para captar votos. No obstante, esta manifestación 'no tiene por objeto la captación de sufragios por parte de los convocantes'.

Por ello, el magistrado resuelve anular la resolución que prohibía la manifestación por considerar que vulneraba el derecho de reunión y carga las costas a la administración demandada.

Los secretarios comarcales de los sindicatos UGT y CC.OO. en Ourense, José Luis Fernández Celis y Ana Barrios, respectivamente, defendían ayer la resolución judicial. 'Non podía ser doutra maneira', señalaba Ana Barrios, que alegaba que 'xa mantíñamos en pé a convocatoria', entendiendo que su prohibición iba en contra del derecho de reunión y manifestación. A su juicio, la prohibición fue 'un intento de desmobilizar á cidadanía' y de acallar su derecho a expresarse en contra de los recortes.

Igualmente, Fernández Celis defendía que la manifestación de formaba parte de una convocatoria en toda España y no iba contra unas siglas ni pedía el voto para nadie, sino 'contra unhas actuacións que consideramos inxustas, e contra as que nos levamos manifestando desde 2010'. Criticaba la prohibición por entenderla como 'un intento de tapar a boca' y reconocía que se hiciesen prevalecer los derechos de manifestación y reunión.

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