Quedan archivadas las actuaciones contra Sánchez Vidal y García Mata
El Juzgado de Instrucción número 1 admite el recurso interpuesto por el ministerio fiscal para que se reimpute a parte de los ediles implicados en el caso de las asistencias técnicas del Concello de Ourense denunciadas por los sindicatos USO y CIG, y a los que el magistrado había desimputado con anterioridad. En concreto, se reabren las diligencias para Fernando Varela, Xosé Somoza, Iolanda Pérez y Xosé Carballido, los tres primeros exediles del BNG y el último, director xeral en el Concello durante el mandato del bipartito.
Además, el auto del Juzgado acuerda tomar declaración en calidad de imputado al asesor jurídico de la concejalía de Urbanismo, José Manuel Oliver. Esta toma de declaración ya tiene fijada fecha, que será el próximo 8 de mayo, a las 10,30 horas. Al mismo tiempo se solicita al Concello de Ourense que emita un informe respecto a Oliver Rivera, especificando las funciones que tiene a su cargo, desde cuándo y en qué concepto. Quedan archivadas las actuaciones respecto a Alexandre Sánchez Vidal y Andrés García Mata.
Esta causa se abrió a raíz de la denuncia sindical "por la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa", al contratar cinco personas el Concello de Ourense en la modalidad de asistencias técnicas, contratos que se fueron prorrogando en el tiempo, a pesar de que "en un determinado momento todas las facturas presentadas por los trabajadores contratados fueron objeto de reparo por parte del interventor". Advertía el técnico que si las prórrogas se prolongaban, el Concello se vería obligado a contratar a esas personas y a convertirles en trabajadores fijos, como así ocurrió.
Con este auto, se acepta el recurso del ministerio fiscal, que sigue viendo un posible delito de prevaricación del que son posibles responsables los cuatro ediles sobre los que se mantienen las diligencias y el asesor jurídico de Urbanismo, que ha sido incorporado. También están imputados en este asunto la exconcejala Aurea Soto y el exalcalde Francisco Rodríguez, ambos del PSOE. El fiscal atribuye a todos un presunto delito de prevaricación. n
