El envío por correo de un tercer anónimo, esta vez a una magistrada, responsabiliza al secretario general de presionar al agente
Un tercer anónimo pero esta vez remitido a finales de diciembre por correo desde Santiago de Compostela a la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Ourense, Eva Armesto, ha reactivado la investigación sobre el supuesto suicidio de un policía tras responsabilizarse del robo de seis armas del búnker donde se custodiaban y de todo lo que vino después: los anónimos enviados a Asuntos Internos y a la prensa dando cuenta de una trama de corrupción policial y la Operación Zamburiña con la consiguiente imputación de cuatro agentes del antiguo grupo de drogas, entre otros investigados, por supuestamente favorecer a narcotraficantes de la ciudad brindándoles protección frente a investigaciones y actuaciones policiales.
La misiva responsabiliza al secretario general de la Comisaría, J.M.S.R., por supuestamente coaccionar a Celso Blanco, el agente que se pegó un tiro en su despacho con una de las pistolas sustraídas, para que informase sobre lo que sabía acerca de la desaparición de las armas. Según el comunicante, esa reunión, que fue larga, ocurrió justo un día antes del trágico desenlace.
Ante este panorama, la magistrada que instruye el caso por la muerte del agente, diligencias que aún están bajo secreto de sumario casi un año después, acudió el pasado jueves a las nueve de la noche a la Comisaría de As Lagoas, en donde permaneció hasta casi las siete de la mañana. La instructora quiso que estuvieran en escena todos los agentes que en la tarde del sábado 9 de abril del pasado año estaban de servicio en la comisaría cuando Celso Blanco llegó en moto a las 15.55 horas. Poco antes de las cinco, envió mensajes de whatsapp a sus amigos más próximos y correos a varios compañeros autoinculpándose del envío de los anónimos y de la sustracción de las armas (tres estaban en el despacho del fallecido). No obstante, el cadáver no fue descubierto hasta las diez de la noche en la oficina de la quinta planta, que estaba cerrada por dentro.
La jueza quiso reconstruir todo lo sucedido ese día así como interrogar de nuevo a sus protagonistas, aunque, según pudo saber este diario, también estuvieron agentes de la Policía Judicial y el comisario.
Piezas que no encajan
La jueza no dio carpetazo a un aparente suicidio por las piezas de un puzzle que no acaban de encajar pero que dejan entrever una especie de venganza de unos compañeros contra otros. De hecho, le llamó la atención que cuando llegó a comisaría para el levantamiento del cadáver, el arma que utilizó el policía fallecido, una de las desaparecidas del búnker, había sido manipulada. El secretario general admitió que la cogió para dejarla en posición de seguridad aunque la ausencia del cargador imposibilitaba que se pudiera accionar de nuevo.
También resulta extraño el hecho de que el despacho donde ocurrió el suicidio se mandó limpiar un día después (se hizo parcialmente). El que recibió la orden asegura que se la dio el secretario, pero este último lo niega, una contradicción sobre la que pone el foco la instructora.
Este diario se puso en contacto con la Comisaría de Ourense para valorar el contenido del último anónimo, pero fuentes policiales declinaron dar explicaciones. La portavoz y delegada de Prensa y Participación Ciudadana, Teresa Ramos, alega que "la instrucción está bajo secreto de sumario y cualquier declaración puede entorpecer la investigación".
Una única causa con la muerte, robos y anónimos
Hasta hace unos días los tres juzgados de instrucción de la ciudad tenían causas penales relacionadas con el affaire de la comisaría. Instrucción 1 aún tiene dos: el robo de las pistolas y el tráfico de drogas de la Zamburiña; Instrucción 2 asumió la denuncia de la Policía Nacional por los anónimos supuestamente injuriosos enviados a la prensa, e Instrucción 3, la muerte del agente.
El titular de Instrucción 2, Luis Doval, ya atendió la petición de la jueza Armesto para que le traspasara el asunto de los anónimos. Todo hace prever que el juez de Instrucción 1 hará lo mismo con el robo de las pistolas.
El entramado traspasó por primera vez el umbral de la Comisaría el 5 septiembre de 2014 cuando un oficio de la UDEV llegó al Juzgado de Instrucción 1 dando cuenta de la desaparición de dos revólveres y una pistola del armero policial.
El asunto se archivó porque en ese momento no se tenía claro si se trataba de un delito o un error en la tramitación documental de las pistolas. Posteriormente, en febrero de 2015, se denunció la desaparición de otras tres armas. El 4 de marzo de ese mismo año, Asuntos Internos judicializaba su propia investigación solicitando escuchas telefónicas a varios agentes.
