En la pieza que va a la Audiencia Nacional se encuentra todo lo relativo a las actividades supuestamente delictivas cometidas en relación a las empresas del Grupo Vendex en Galicia
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha dictado un auto por el que se inhibe a favor de la Audiencia Nacional de la pieza en la que se investigan las concesiones logradas por Vendex y en la que permanecen imputadas 46 personas, entre ellos los ourensanos Francisco Rodríguez, exalcalde de Ourense; su pareja, Mercedes Astorga; el exalcalde de Carballiño Argimiro Marnotes; el exconcejal nacionalista Fernando Varela; el jefe de la Policía Local de la ciudad, Abelardo Ulloa, o el delegado del grupo empresarial en Ourense, Adrián Cordero.
El auto tiene fecha del 14 de octubre, es decir, un día antes de que Vendex presentase un escrito de recusación a Pilar de Lara ante el Juzgado de Instrucción número 1. En él, el grupo empresarial investigado decía que la magistrada había llevado a cabo una "actuación irregular continuada" durante la instrucción.
En la pieza que va a la Audiencia Nacional se encuentra todo lo relativo a las actividades supuestamente delictivas cometidas en relación a las empresas del Grupo Vendex en Galicia -así como Cataluña y en Baleares-, que podrían constituir delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, entre otros .
La togada entiende que estas actuaciones afectan a una "generalidad de personas" en el ámbito de más de una comunidad autónoma, por lo que decide inhibirse. Además, la instructora mantiene que la competencia para el conocimiento del asunto corresponde a algunos de los juzgados centrales de Instrucción (adscritos a la Audiencia Nacional), al respecto de lo que argumenta, por ejemplo, que no se trata de conductas "aisladas", sino de una "auténtica organización que responde a una estructura jerarquizada y a una misma política empresarial".
El 'modus operandi' consistiría, según la jueza, "en la obtención de concursos de forma presuntamente ilícita en connivencia con autoridades y funcionarios públicos, a cambio de la entrega de dinero, regalos, contratación de enchufados y prestación de otra clase de favores".
Actividad descentralizada
De Lara apunta que toda la actividad contable y fiscal de Vendex está centralizada en la sociedad Cafisa, en Madrid, con la excepción de la delegación de Sabadell. Añade en el auto que el grupo tiene como operativa "defraudar el IVA, pagando lo menos posible, por debajo del umbral del delito fiscal", por lo que se llevaría a cabo un "fraude continuo contra la Hacienda Pública", con importes inferiores a 120.000 euros de cuota defraudada anual para que "no constituya un delito fiscal". Así las cosas, la instructora concluye que, en este caso, "es claro que las conductas delictivas investigadas afectan a una generalidad de personas ubicadas en el territorio de más de una audiencia", las de Galicia y las de fuera de esta comunidad.
De Lara advierte de que "no puede negarse" que los hechos que se investigan "afecten a la seguridad del tráfico mercantil y presentan una grave repercusión en la economía nacional, pudiendo considerarse a la empresa Vendex como una verdadera asociación ilícita". Con todo, en la parte dispositiva, señala que, mientras no se resuelva su petición de inhibición, continuará con las diligencias necesarias para "comprobar el delito, averiguar e identificar los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados".
