Los juicios con jurado popular volverán en enero de 2022, después de dos años y medio, a la sala de vistas de la Audiencia de Ourense. El 31 es el primer día señalado por el máximo órgano judicial de la provincia para enjuiciar el asesinato que le costó la vida a Fernando Iglesias Espiño -penado por matar a su mujer y sus dos hijos, de 12 y 18 años, en la localidad de Jinámar (Gran Canaria) en 1996 - cuando disfrutaba de un permiso ya que estaba en tercer grado penitenciario.
Los nueve miembros de tribunal, compuesto por nueve ciudadanos y dos suplentes, deben decidir el destino de Óscar González López y Francisco Javier González Hermida, acusados de tramar un plan que incluía la muerte de Iglesias Espiño para quedarse con una herencia materna que acababa de recibir. Víctima y acusados se habían conocido entre rejas. La Guardia Civil incluso bautizó el operativo que llevó a la detención de los inculpados cuatro meses después como “operación Avaro”.
La Audiencia provincial reservó cuatro días para enjuiciar el caso para seguidamente entrar el jurado a deliberar tras conocer el objeto de veredicto. El primero se reserva para la constitución del tribunal popular y la declaración de los acusados. Previamente, el próximo día 2 de noviembre se procederá al sorteo para la designación de una primera selección con 36 candidados, de los que saldrán los 11 que dictaminarán sobre la culpabilidad o inocencia de los supuestos autores.
Desde julio de 2019 no se celebraba en Ourense un juicio con jurado. En el último, el tribunal popular condenó a José Alén por matar el 29 de enero de 2017 a su mujer, Virginia Ferradás, aunque no era consciente debido a la enfermedad neurodegenerativa que padecía, por lo que la sentencia le impuso un internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario, que acaba de ser ratificado ya que la defensa quería dejarlo en un centro asistencial.
Los procesados por la operación Avaro niegan la autoría del crimen, aunque Óscar González se mostró más colaborador ya que indicó a la Guardia Civil dónde estaba enterrado el cadáver de la víctima. La muerte del parricida canario ocurrió el 11 de agosto de 2018. Esa misma mañana, entre las 11.00 y las 13.20 horas, según recoge la fiscalía en su escrito de acusación, golpearon a Fernando con un objeto contundente a la cabeza. El forense determinó que murió por traumatismo craneoencefálico. El plan también incluía deshacerse del cadáver: el cuerpo apareció enterrado en una mina de agua, envuelto en plásticos, en una finca de Piñor de Cea propiedad de la familia de Francisco Javier González. Los tres se habían conocido en la cárcel de Pereiro y se hicieron amigos. Cuando Espiño Iglesias disfrutaba de un permiso (en 2007 comenzó a salir) acudía la granja que Francisco Javier explotaba en Suareixa (Maside). Allí realizaba trabajos a cambio de una habitación en donde dormir y un plato de comida. La relación entre todos fue cordial hasta que recibió la herencia.
Los inculpados se enfrentan a peticiones de prisión de hasta 25 años de cárcel por parte de las acusaciones (un hermano del muerto está personado).
