Juristas ourensanos discrepan sobre si el “procés” se judicializó

El pacto alcanzado entre PSOE y Junts protagonizó ayer las conversaciones en la ciudad. La gente debatía en las panaderías, peluquerías o gimnasios acerca de las consecuencias de este acuerdo, del futuro legal que tienen medidas como la amnistía o acerca de si hubo una judicialización del “procés” encaminada a destruirlo. Leonardo Álvarez, decano de los jueces de Ourense, muestra su rechazo por las referencias en el acuerdo entre PSOE y Junts al “lawfare o judicialización de la política” y sus consecuencias. Considera “una intromisión a la independencia judicial” las referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política. “El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta”, asegura Álvarez. El doctor en Derecho Constitucional y profesor en la UVigo Álvaro Xosé López Mira cree que en algunos casos sí hubo una extralimitación por parte de los órganos judiciales españoles y opina que los jueces están “máis metidos na acción política que nas súas propias funcións”. Pone como ejemplo de la judicialización de la política el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que fue aprobado en 2006 por las cortes, tanto catalanas y española, y en referendo y posteriormente fue llevado ante el Tribunal Constitucional que suspendió varios artículos, algo que cree que nunca debió suceder y que tenía que haber quedado en el terreno político. Discrepa José Mosquera, profesor asociado de Derecho Constitucional de la Universidad de Vigo, quien considera que los procesos no se judicializan “porque el Poder Judicial lo único que hace es aplicar las leyes que han aprobado otros”. Un ejemplo -destaca- son las rebajas de condena por la ley del solo sí es sí: ”Fueron provocadas por una norma que cambió las circunstancias, y los jueces lo único que hicieron fue aplicarla”. Mosquera explica que hay jueces más o menos celosos a la hora de aplicar una determinada legalidad con unas determinadas características, pero que “siempre será una norma legal la que están aplicando”. Constitución Respecto a la amnistía, ambos coinciden en que tiene encaje constitucional. Mira asegura que “é tan constitucional que a Constitución nace dunha amnistía”. “Non está prohibida pola Carta Magna, agora entramos nun territorio no que terán que ditaminar as maiorias parlamentarias que son democráticas, algo que non podemos esquecer porque é a clave e ás veces esquecemos que os xuíces exercen o seu poder en nome da soberanía popular”. Por su parte, Mosquera también cree que la amnistía tiene encaje constitucional. “Lo que no tiene encaje es un perdón general, los indultos tienen que ser personalizados, en cambio, la exoneración para conductas cabría como una medida excepcional aprobada por el Parlamento”.