La ratio de asuntos anuales por funcionario en Ourense es de 198 frente a los 170 de Barcelona o los 190 de Sevilla
La falta de personal en las oficinas de los juzgados de instancia puros de la ciudad (dirimen asuntos civiles pero no están especializados) ha llevado a Alternativas na Xustiza a alertar sobre la discriminación que sufren estos órganos a nivel general en Galicia y a nivel particular en Ourense por la mayor carga de trabajo que soportan los funcionarios.
“Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense y Pontevedra son los únicos de toda España que cuentan solo con seis trabajadores encargados de la tramitación”, aseguró ayer Nuria Fornos. Hasta el punto de que soportan más carga de trabajo “en los juzgados de Ourense que en los de Barcelona, Sevilla, Salamanca o Gijón”.
Y lanza un interrogante: ¿Qué razón puede explicar que san los únicos de toda España con tan poco personal cuando la carga de trabajo está por encima de otros juzgados con mayor dotación?
Según los cálculos realizados por este sindicato con datos del Consejo General del Poder Judicial de 2021, la ratio de asuntos anuales por funcionario es de 198 frente a los 149 de Gijón, 157 de Salamanca o los 175 de Huelva. “Ourense está por encima en cuanto a carga de trabajo de grandes ciudades como Barcelona -170 asuntos por trabajador- o Sevilla -190-”, ejemplifica Fornos.
Para Alternativas na Xustiza, los criterios del CGPJ deberían contemplar los trabajadores necesarios por juez a la hora de dimensionar los juzgados. ”Entendemos que los jueces de un mismo tipo de órgano deben tener asignados el mismo número de trabajadores, porque cualquier otra opción es discriminatoria”.
En toda España, el número de trabajadores de los juzgados de instancia, entre el cuerpo de gestión y el de tramitación, oscila entre las siete y 10 personas. Las únicas ciudades en las que los trabajadores de los juzgados de instancia están por debajo de este ratio son las ciudades gallegas.
Propuesta para paliar la discriminación
Para paliar la discriminación territorial, Alternativas la Xustiza propone que la Xunta de Galicia incremente el cuadro de personal de los juzgados gallegos con un mínimo de un gestor procesal y un administrativo.
