En un auto solicita información sobre 24 cargos o excargos del partido
La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, dictó ayer un segundo auto con respecto a la investigación abierta en Ourense en torno a una supuesta financiación ilegal del Partido Popular. El auto parte de una solicitud realizada por Vigilancia Aduanera para ampliar la investigación llevada a cabo en el anterior, sobre las facturas de una empresa de publicidad y otra de televisión a determinados miembros del PP.
En esta ocasión, la juez del caso Pokemon amplía a una tercera empresa, también de publicidad, la petición de facturas, y requiere datos sobre las realizadas a un total de 24 miembros y dirigentes del PP ourensano. En concreto, las empresas a las que De Lara solicita información son Nacher, Planos y Telemiño.
Los miembros, dirigentes y ex- dirigentes del PP de los que re- quiere información sobre facturas a dichas empresas son Enrique Novoa López, Marta Rodríguez Vispo, José Luis Baltar Pumar, Mónica Mourelo Pérez, Francisco Javier Rodríguez Nóvoa, José Luis Sousa López, Eloína Núñez Masid, José Araujo Fernández, Belén Iglesias Cortés, Mario Guede González, Aurelio Gómez Villar, Odilo Masid (ya fallecido), Francisco Carlos Campos Sanmartín, Noelia Pérez López, Amparo González Méndez, José Manuel Baltar Blanco, Miguel Santalices Vieira, Roberto Castro García, Antonio Rodríguez Miranda, María Luisa Valladares Rodríguez, Miguel Ángel Pérez de Juan, Pilar Monserrat Caride González, Guillermo Collarte Rodríguez y Rosendo Luis Fernández Fernández, en el orden en que aparecen en el auto. Por otro lado, en el mismo auto De Lara requiere también la facturación de las empresas Aquagest S.A., Financiera y Comunicaciones Coruñesas S.L., Procedimiento de Aseo Urbano PAU S.A., Grupo Europeo de Servcios Doal S.A. y Extraco S.A., desde el año 2003, con Planos y Telemiño. Como fundamentos de derecho para este nuevo auto, la jueza alude de nuevo a las declaraciones del ex gerente del PP ourensano Emilio Pascual (apartado del puesto en 2010) en las que ponía en tela de juicio la contabilidad del partido en los tiempos en los que él ocupaba la gerencia. Vigilancia Aduanera sospecha que el PP pudo sufragar, con donaciones sin declarar, gastos electorales que superarían el límite legal permitido. En su auto, la juez menciona los posibles delitos de apropiación indebida, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental.
Los responsables de la televisión Telemiño reiteraron ayer su disposición a colaborar con la jueza para esclarecer los hechos. Asimismo, descartaron cualquier tipo de participación en ninguna trama de financiación de partidos o cualquier otro tipo de actividad ilícita y volvieron a calificar de "absurdas" y "carentes de veracidad" cualquier sospecha en sentido contrario.
