La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, atribuye en el marco de la investigación de la 'Operación Pokémon' al grupo de empresas Vendex un 'plan organizado y ya preconcebido' de pagos de sobornos con envío de dinero a cambio de concesiones de contratos de servicios públicos, como la grúa o la ORA y en el caso de Ourense, además, la concesión del servicio de limpieza de instalaciones municipales.
La apertura del sumario, prácticamente en su totalidad, desvela, que Gervasio Rolando Rodríguez, como responsable del grupo, urdió 'un plan organizado y ya preconcebido' destinado a realizar 'envíos de dinero para los presuntos soborno', además de impulsar, a través de su delegado en Galicia, José María Tutor, y el de Ourense, Adrián Cordero, obsequios a numerosos cargos políticos y funcionarios locales, con objeto de conseguir trato de favor en las adjudicaciones de contrato. Ahí está el listado de regalos, debidamente anotados, de relojes de marca, bolsos de grandes firmas, cestas de Navidad, mecheros costosos y hasta plumas y bolígrafos a numerosos concejales de Ourense, de todos los colores políticos, y técnicos municipales.
En Ourense, la empresa gestiona la ORA y la grúa y se ha reconocido por los imputados que presionó al Concello para amplia el servicio del aparcamiento público regulado, además de buscar la mediación del exalcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, para lograr la concesión del servicio de limpieza de las instalaciones deportivas -el exregidor negó su intervención, aunque Cordero y Tutor le atribuirían en conversaciones grabadas haberlo logrado- y frenar la licitación de la limpieza de edificios municipales, lo que en su momento consiguió, aunque el exregidor declararía ante la jueza que se paralizó porque el coste económico era demasiado bajo para asegurar un servicio en condiciones.
En realidad, en el caso de Ourense, la jueza destaca en un auto incluido en el sumario que 'quedan constatados los hechos delictivos' relativos a la contratación del servicio de limpieza de las instalaciones deportivas y, en alusión a conversaciones interceptadas, concluye que el exalcalde medió en esa concesión. La jueza considera que tanto López Orozco, como Francisco Rodríguez y el entonces regidor de Boqueixón, Adolfo Gacio, 'habrían vulnerado la legalidad del procedimiento de contratación para beneficiar a las empresas del Grupo Vendex'. Y precisa que supuestamente habrían facilitado información privilegiada a cambios de contraprestaciones. Una línea seguida en todas las ciudades gallegas a donde llegó la influencia de Vendex.
Pero, además, la jueza imputa a Francisco Rodríguez, el exregidor, un delito de blanqueo de capitales, junto con su compañera, Mercedes Astorga. Por eso, le sometió, el pasado año, avanzado ya el proceso de investigación y cuando ya había renunciado a la Alcaldía, a un interrogatorio de tres horas, donde le preguntó con detalle por sus relaciones con Aquagest y otras empresas con concesiones municipales y por los reiterados ingresos de dinero en su cuenta bancaria, la de su pareja y la de su hija desde el año 2007, cuando fue elegido alcalde por primera vez, hasta prácticamente el final de su mandato. El negó en todo momento que el dinero procediese de empresas o particulares, atribuyéndolo siempre a préstamos, herencias o donaciones familiares.
En Ourense, la empresa gestiona la ORA y la grúa y se ha reconocido por los imputados que presionó al Concello para amplia el servicio del aparcamiento público regulado, además de buscar la mediación del exalcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, para lograr la concesión del servicio de limpieza de las instalaciones deportivas -el exregidor negó su intervención, aunque Cordero y Tutor le atribuirían en conversaciones grabadas haberlo logrado- y frenar la licitación de la limpieza de edificios municipales, lo que en su momento consiguió, aunque el exregidor declararía ante la jueza que se paralizó porque el coste económico era demasiado bajo para asegurar un servicio en condiciones.
En realidad, en el caso de Ourense, la jueza destaca en un auto incluido en el sumario que 'quedan constatados los hechos delictivos' relativos a la contratación del servicio de limpieza de las instalaciones deportivas y, en alusión a conversaciones interceptadas, concluye que el exalcalde medió en esa concesión. La jueza considera que tanto López Orozco, como Francisco Rodríguez y el entonces regidor de Boqueixón, Adolfo Gacio, 'habrían vulnerado la legalidad del procedimiento de contratación para beneficiar a las empresas del Grupo Vendex'. Y precisa que supuestamente habrían facilitado información privilegiada a cambios de contraprestaciones. Una línea seguida en todas las ciudades gallegas a donde llegó la influencia de Vendex.
Pero, además, la jueza imputa a Francisco Rodríguez, el exregidor, un delito de blanqueo de capitales, junto con su compañera, Mercedes Astorga. Por eso, le sometió, el pasado año, avanzado ya el proceso de investigación y cuando ya había renunciado a la Alcaldía, a un interrogatorio de tres horas, donde le preguntó con detalle por sus relaciones con Aquagest y otras empresas con concesiones municipales y por los reiterados ingresos de dinero en su cuenta bancaria, la de su pareja y la de su hija desde el año 2007, cuando fue elegido alcalde por primera vez, hasta prácticamente el final de su mandato. El negó en todo momento que el dinero procediese de empresas o particulares, atribuyéndolo siempre a préstamos, herencias o donaciones familiares.
