La venta de libros de texto por parte de colegios concertados vuelve a poner 'en pie de guerra' a los libreros, que rechazan esta competencia desleal que les causa un grave perjuicio en la campaña más importante del año para el sector.
La Federación Gallega de Libreros, que preside la ourensana Pilar Rodríguez, ha puesto en conocimiento de la Xunta la existencia de esta práctica, que no está permitida por la legislación comercial ni gallega ni estatal. Además, una sentencia del Tribunal Supremo reconoce que es ilegal, según dictaminó en 2007 a partir de un caso en un colegio de la ciudad de Ourense.
La Federación de Libreros ha denunciado por por vía administrativa a 50 centros gallegos por el mismo motivo, pero 'siguen vendiendo con total impunidad y sin cumplir ningún requisito legal', indican.
'Están realizando una actividad por la que no tributan, ni está autorizados, ni cumplen ningún requisito legal exigido, como la emisión de recibos, el alta en la Seguridad Social y contrato laboral de los vendedores o la declaración y liquidación de IVA', según indicaron ayer los libreros, que consideran que esa venta de libros 'es un negocio redondo' para los centros. 'Tienen los clientes asegurados, compran sólo los libros que necesitan sobre encargo, no tienen libros sobrantes, hacen todo el negocio en quince días, no tienen que contratar personal ni necesitan local apropiado que cumpla la normativa vigente y, encima, no pagan impuestos sobre el beneficio obtenido pues no lo declaran', alega la federación, que estima que los colegios pueden ingresar una media de 500.000 euros con esta práctica. Mientras, las librerías tradicionales, que deben cumplir todos los requisitos legales, cierran por el descenso de clientes.
La Federación de Libreros relata que lleva más de un año esperando que la Dirección Xeral de Comercio, de la consellería de Industria, ponga fin 'al intrusismo profesional' y, a pesar de que la administración ya ha realizado inspecciones al respecto, la práctica continúa mientras la asesoría jurídica de la Xunta no emita un dictamen al respecto.
En este sentido, libreros ourensanos han denunciado que incluso hay centros 'que venden libros por debajo del precio establecido por la editorial, práctica prohibida por la legislación', asegurando un comerciante de O Barco que su objetivo es atraer clientela y 'arrebatársela a las librerías de forma sucia'. Lamentan también que 'centros religiosos -es el caso de esta crítica valdeorresa- lleven a cabo estas prácticas mercantilistas sin escrúpulos'.
La Federación de Libreros ha denunciado por por vía administrativa a 50 centros gallegos por el mismo motivo, pero 'siguen vendiendo con total impunidad y sin cumplir ningún requisito legal', indican.
'Están realizando una actividad por la que no tributan, ni está autorizados, ni cumplen ningún requisito legal exigido, como la emisión de recibos, el alta en la Seguridad Social y contrato laboral de los vendedores o la declaración y liquidación de IVA', según indicaron ayer los libreros, que consideran que esa venta de libros 'es un negocio redondo' para los centros. 'Tienen los clientes asegurados, compran sólo los libros que necesitan sobre encargo, no tienen libros sobrantes, hacen todo el negocio en quince días, no tienen que contratar personal ni necesitan local apropiado que cumpla la normativa vigente y, encima, no pagan impuestos sobre el beneficio obtenido pues no lo declaran', alega la federación, que estima que los colegios pueden ingresar una media de 500.000 euros con esta práctica. Mientras, las librerías tradicionales, que deben cumplir todos los requisitos legales, cierran por el descenso de clientes.
La Federación de Libreros relata que lleva más de un año esperando que la Dirección Xeral de Comercio, de la consellería de Industria, ponga fin 'al intrusismo profesional' y, a pesar de que la administración ya ha realizado inspecciones al respecto, la práctica continúa mientras la asesoría jurídica de la Xunta no emita un dictamen al respecto.
En este sentido, libreros ourensanos han denunciado que incluso hay centros 'que venden libros por debajo del precio establecido por la editorial, práctica prohibida por la legislación', asegurando un comerciante de O Barco que su objetivo es atraer clientela y 'arrebatársela a las librerías de forma sucia'. Lamentan también que 'centros religiosos -es el caso de esta crítica valdeorresa- lleven a cabo estas prácticas mercantilistas sin escrúpulos'.
