El empresario ourensano José L.L. estuvo 33 días en la prisión en el otoño de 2007 por un delito muy grave que no había cometido: la violación de su propia hija, aquejada de un retraso mental severo, en la casa familiar de Sanxenxo. Aquella imputación, hasta que finalmente el Juzgado de Instrucción 3 de Cambados la archivó, le costó muchos parientes, amigos y clientes.
El afectado siempre sostuvo, desde un primer momento, que su hija mentía en tanto que había sido manipulada por su esposa. Ya en ese momento, apuntó a la posibilidad de que la menor hubiera sido el instrumento del que echó mano la progenitora en medio de una profunda crisis matrimonial por temor a ser abandonada (así lo reconoció el juzgado). Finalmente, juez y fiscal le dieron la razón y presentaron a la madre como la inductora de un denuncia sin fundamento cuyo detonante había sido una mujer dolida por un matrimonio que hacía aguas.
Fue así como el entonces imputado acabó asumiendo el papel de víctima, presentando una querella en 2010 contra su esposa por denuncia falsa. Ayer tuvo lugar en el Juzgado de lo Penal 2 de Ourense la vista oral en la que José L.L. culpó a su ya exmujer, María del Carmen P.B., de una denuncia falsa -de forma subsidiaria la acusa de simulación de delito-, hechos por los que reclamó a la jueza una condena de 21 meses de prisión y 300.000 euros de indemnización por los daños morales y económicos causados. Según confirmó su propio abogado, el hecho de estar en la cárcel no sólo arruinó su reputación sino también su empresa de escayola, radicada en la ciudad, que en el año 2007 estaba en plena expansión, al margen del tremendo coste familiar.
El representante del ministerio fiscal evaluó el caso y decidió no acusar: sostiene que hay indicios de mentira pero no con suficiente peso para argumentar una sentencia condenatoria.
SOSPECHAS PERO NO PRUEBAS
Según mantuvo, no tiene clara la actuación torticera de la madre y que la denuncia haya sido un invento de la menor debido a la maquinación adulta. Si bien también tiene sospechas, no pruebas, de que la inculpada actuó a sabiendas de que los hechos denunciados no respondían a la verdad. En la solicitud de sobreseimiento presentada en el juzgado instructor, destaca que hay elementos hacia uno y otro lado. Por un lado, el informe psicológico realizado por un forense a la niña, en el que se constata una intervención de la madre en la narración que hace de los hechos; el conflicto familiar que hay por medio y la tardanza en presentar la denuncia y, por tanto, ser reconocida por un médico (la hija se lo contó el día 5 y la progenitora lo denunció el 13 de septiembre) . Pero también está el informe de un psicólogo, a propuesta de la madre, en el que da verosimilitud al testimonio de la chica.
Para el fiscal, en todo este caso, prevalece el 'derecho-deber de denunciar en defensa de los menores e incapaces ante sospechas de abusos sexuales'.
Fue así como el entonces imputado acabó asumiendo el papel de víctima, presentando una querella en 2010 contra su esposa por denuncia falsa. Ayer tuvo lugar en el Juzgado de lo Penal 2 de Ourense la vista oral en la que José L.L. culpó a su ya exmujer, María del Carmen P.B., de una denuncia falsa -de forma subsidiaria la acusa de simulación de delito-, hechos por los que reclamó a la jueza una condena de 21 meses de prisión y 300.000 euros de indemnización por los daños morales y económicos causados. Según confirmó su propio abogado, el hecho de estar en la cárcel no sólo arruinó su reputación sino también su empresa de escayola, radicada en la ciudad, que en el año 2007 estaba en plena expansión, al margen del tremendo coste familiar.
El representante del ministerio fiscal evaluó el caso y decidió no acusar: sostiene que hay indicios de mentira pero no con suficiente peso para argumentar una sentencia condenatoria.
SOSPECHAS PERO NO PRUEBAS
Según mantuvo, no tiene clara la actuación torticera de la madre y que la denuncia haya sido un invento de la menor debido a la maquinación adulta. Si bien también tiene sospechas, no pruebas, de que la inculpada actuó a sabiendas de que los hechos denunciados no respondían a la verdad. En la solicitud de sobreseimiento presentada en el juzgado instructor, destaca que hay elementos hacia uno y otro lado. Por un lado, el informe psicológico realizado por un forense a la niña, en el que se constata una intervención de la madre en la narración que hace de los hechos; el conflicto familiar que hay por medio y la tardanza en presentar la denuncia y, por tanto, ser reconocida por un médico (la hija se lo contó el día 5 y la progenitora lo denunció el 13 de septiembre) . Pero también está el informe de un psicólogo, a propuesta de la madre, en el que da verosimilitud al testimonio de la chica.
Para el fiscal, en todo este caso, prevalece el 'derecho-deber de denunciar en defensa de los menores e incapaces ante sospechas de abusos sexuales'.
