Ha logrado por sentencia judicial firme la compatibilidad para dar clase en la Universidad de Vigo como profesor asociado
El asesor jurídico adjunto del Concello de Ourense y delegado sindical de la CIG, Javier García Gago, ha logrado por sentencia judicial firme la compatibilidad para dar clase en la Universidad de Vigo como profesor asociado. El titular del Juzgado Contencioso número 2 de Ourense, José Andrés Verdeja, justifica la resolución en que, cuando se le notificó el acuerdo del gobierno municipal denegando esa compatibilidad, ya había pasado el plazo máximo permitido, entendiendo que debía obtener su pretensión por "silencio administrativo positivo".
El magistrado, curiosamente, da la razón al Concello en todos los argumentos que éste empleó contra esa compatibilidad, que el funcionario ejerce durante su jornada laboral de mañana en el Consistorio y por la que percibe 656 euros mensuales, además de los 69.999 anuales como asesor municipal. Detalla incluso la maraña de recursos, recusaciones y peticiones de nulidad de todo el proceso que García Gago empleó para dilatar el procedimiento y lograr el silencio administrativo; pero, aun así, le da la razón porque, para cuando el notificador municipal pudo comunicarle la resolución del gobierno local contraria a la compatibilidad, los plazos, incluidos los ampliados por tanto recurso del demandante, estaban ya agotados, algo de lo que discrepa el Concello, que los entiende suspendidos mientras no se resuelven y no se produce una notificación "fehaciente", como así se establece, dice, en el artículo 58 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo.
Ocurre que García Gago no recogía la notificación, pese a que se la llevaron a su casa y a su sección sindical. Las clases en la Universidad, vacaciones y horas sindicales serían las causas alegadas para justificar la ausencia en el momento de la notificación.
Pero desde el entorno del alcalde, Agustín Fernández, y de la directora xeral de Recursos Humanos, Carmen Rodríguez, se entiende que la resolución judicial es injusta y, pese a ser firme, trabajan para buscar la forma que permita cambiar la situación, máxime cuando funcionarios de mayor rango en el Concello llegaron a informar formalmente de que García Gago realizó maniobras dilatorias y cuando no se tuvo en cuenta el artículo legal mencionado.
La compatibilidad fue precisamente la causa por la que cinco concejales socialistas, los díscolos, abandonaron el pleno del 13 de diciembre para no votar contra ella. Esta resolución, dicen, da la razón a la acción desarrollada aquel día, que desencadenó una grave crisis en el gobierno municipal y por la que fueron, y siguen, suspendidos de militancia.
