La denuncia que la Asociación de Empresarios do Couto interpuso, por presunta estafa, contra la empresa (Central International Agency) que iba a gestionar la actuación de la cantante Marta Sánchez en Ourense la pasada Navidad y que al final quedó abortada, ha conocido un episodio nuevo.
Esta semana, los empresarios han tenido conocimiento de la declaración, vía exhorto, de la artista en un juzgado de Madrid. Ésta habría denunciado que las personas a través de las que la Asociación la habían contratado en Ourense, estaban dañando su imagen, ya que no sería la primera vez que trataban de hacer algo así, sin estar autorizados para ello.
De hecho, ella tendría exclusividad total con otra empresa, aportando la documentación que así lo demostraría. Incluso señaló que el único trato que mantuvo con José Luis Blanco Álvarez -vinculado a Central International Agency- fue por una cuestión relacionada con su vestuario, nunca con sus actuaciones. A la vista de la declaración, el abogado de los empresarios de O Couto solicitará al juzgado que curse oficio para hacer declarar en Ourense a la persona que en su momento se arrogó la representatividad de Marta Sánchez, y según ésta nada tiene que ver con ella. El letrado entiende que hay indicios para sospechar que hubo una estafa en toda regla. Máxime, cuando los comerciantes hicieron un primer pago de 4.002 euros por una actuación que no se produjo.
De hecho, ella tendría exclusividad total con otra empresa, aportando la documentación que así lo demostraría. Incluso señaló que el único trato que mantuvo con José Luis Blanco Álvarez -vinculado a Central International Agency- fue por una cuestión relacionada con su vestuario, nunca con sus actuaciones. A la vista de la declaración, el abogado de los empresarios de O Couto solicitará al juzgado que curse oficio para hacer declarar en Ourense a la persona que en su momento se arrogó la representatividad de Marta Sánchez, y según ésta nada tiene que ver con ella. El letrado entiende que hay indicios para sospechar que hubo una estafa en toda regla. Máxime, cuando los comerciantes hicieron un primer pago de 4.002 euros por una actuación que no se produjo.
