Dos acusados de estafa y falsificación de documentos oficiales aceptaron este lunes, en la Audiencia Provincial de Ourense, la pena propuesta por el ministerio fiscal: el pago de una responsabilidad civil de 674.000 euros. También conformaron dos años de prisión y hacerse cargo de sendas multas de 480 euros.
Los imputados son un matrimonio que se lucró durante siete años con dinero de subvenciones de la Xunta de Galicia, la Diputación y el Concello de Ourense.
Los hechos ocurrieron entre 2005 y 2012. Según la fiscalía, “puestos de común acuerdo y con ánimo de beneficio injusto”, planearon una estrategia para conseguir dinero pidiendo ayudas. Él se encargaba de “organizar” cursos de formación y solicitaba las financiaciones a las administración local, provincial y autonómica. Llegó a obtener 506.113 euros, de los cuales 463.413 se otorgaron por parte del gobierno gallego, 43.000 desde el provincial y 8.700 fueron entregados por la administración ourensana.
Para realizar la petición, el acusado aportaba numerosos documentos falsificados: fotocopias de facturas ficticias de adquisición de material didáctico, justificaciones fraudulentas con pagos no realizados, recibos de transferencias bancarias que no se corresponden con movimientos reales o muestras de pago de supuestos alquileres de locales que nunca se elaboraron.
Para conseguir determinadas firmas o sellos, el imputado contaba con la ayuda de su esposa. Esta, a través de su puesto de trabajo en un edificio administrativo de la Xunta, se ocupaba de la compulsa de los documentos. Poseía un sello propio y personalizado para estas gestiones, y no dudó en utilizarlo en hojas que no se correspondían con su cometido de sección en las oficinas.
