La Fundación Ado Moure intentó todo para poder sacar las bicicletas a la calle el próximo domingo. Pero atrás queda un reguero de informes, contrainformes, recursos y una comparecencia en el TSXG.
La Concejalía de Comercio autorizó el 18 de septiembre la celebración del Día da Bici, pero da marcha atrás el 23 en base a un informe de la Policía Local de cuatro días antes en el que se pone de relieve que no se puede garantizar el evento lúdico-deportivo en base a "no tener personal voluntario para realizar dicho servicio, ya que no se puede obligar a los funcionarios policiales a doblar turnos y a hacer horas extraordinarias, que, en todo caso, tienen carácter voluntario, y solicitados voluntarios no se ha presentado ninguno".
Ante este decisión, la fundación decide convocar una manifestación cuya petición tiene entrada en la Subdelegación el 23 de septiembre. El último día de mes, Moure acude a una reunión en la sede del Parque de San Lázaro, pero no cede a la propuesta de acortar el recorrido. La Administración estatal le comunica ese mismo día que el trayecto queda limitado a 1,5 kilómetros.
Ante esto, los promotores, en defensa de su derecho constitucional de reunión y manifestación, amparado en la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión, interpone un recurso ante el TSXG al entender que la resolución de la Subdelegación no es conforme a Derecho. La sala de lo Contencioso-Administrativo convocó a las partes ayer a las 10.00 horas y, celebrada la comparecencia, emitió sentencia. El fallo entiende que no está justificado el acotamiento del itinerario cuando "se trata de una concentración ciclista, pacífica, sin otro objetivo que el plausible de concienciar sobre los peligros que afrontar los ciclistas con la densidad del tráfico". Tampoco le vale la razón de "índole económica" que ampara la falta de policías.
