Los tejemanejes del PSOE en la provincia para confeccionar las listas al Congreso y Senado en las elecciones generales de 2015 salieron a relucir en la vista oral seguida ayer en la Audiencia contra dos militantes, la exsecretaria de Acción Electoral, Teresa Taboada, quien se postulaba, y Enrique Camoeiras, adscrito a la Policía Judicial de Ourense. Ambos están acusados de "espiar" (descubrimiento y revelación de secretos) a José Arcos, abogado de profesión, cuyo nombre también se barajaba para la lista del Congreso. Según mantienen este último, quien ejerce la acusación particular, y la fiscal, Taboada pidió a Camoeiras que consultara sus antecedentes policiales en relación a una imputación de hacía años en un delito contra la seguridad del tráfico -salió absuelto-. Estaba "agobiada" -sostienen- y no quería competencia.
Mientras que Camoeiras rehusó declarar, Taboada negó haber querido alterar el puesto de su compañero en la lista de candidatos al Congreso porque "no eran contrincantes" (ella aspiraba al Senado). Se interesó, según dijo, por "un rumor" por si el PP utilizaba en la campaña esa información, pero negó que quisiera perjudicarle.
Sin embargo, Arcos asegura que no existía tal rumor y que sí le perjudicó porque datos de índole privada llegaron hasta varios escalafones del PSOE a nivel provincial y gallego: desde la exsecretaria de organización Pilar Cancela al exsecretario provincial Raúl Rodríguez -fallecido en junio-, a quien dejaron un sobre anónimo debajo de su puerta con el asunto de Arcos, o incluso hasta el alcalde de O Barco. "Me parece repugnante y por ser mediocres merecen estar en el banquillo y deben integrar una única candidatura, la de la condena", aseguró el letrado, quien se representó a sí mismo en este proceso penal.
El inspector jefe de Asuntos Internos de la sección VI explicó a la sala que tuvieron constancia del contubernio cuando en septiembre de 2015 realizaban unas escuchas autorizadas por un juzgado de Vilagarcía en un asunto de drogas y revelación de secretos. Tenían el teléfono de Camoeiras pinchado. Matizó que las consultas realizadas a modo de favor fueron ilegales porque no había ninguna investigación en curso que las amparase. El agente especificó que hubo hasta tres llamadas entre ambos acusados que se corresponden con los accesos a la bases de datos.
Precisamente, las defensas de los inculpados en el supuesto "espionaje" alegan nulidad de actuaciones en base a cuestiones procesales. Entre otras, Asuntos Internos no comunicó inmediatamente al juez de Vilagarcía esta incidencia.
El letrado de Taboada, acusada en calidad de inductora, puso el foco en que la comprobación del rumor que pidió su clienta no llevaba consigo indicaciones de cómo realizar esas averiguaciones, es decir, no le pidió que accediera a las aplicaciones policiales. "Uno se puede enterar de muchas maneras, preguntando a un compañero, por ejemplo", aseguró.
La letrada de Camoeiras alegó indefensión porque las grabaciones originales no constan en la causa y, al igual que su compañero, insistió en que no quedaron probados los perjuicios causados a Arcos (finalmente renunció a la lista). Además, planteó dilaciones indebidas porque la causa es de 2015.
La fiscal pide tres años y medio de cárcel, multa e inhabilitación para el policía (ya jubilado) y dos de prisión para Taboada. La acusación particular siete y seis, respectivamente, al entender que también hubo calumnias, planteando injurias con carácter subsidiario (en este caso multa).
