El Juzgado de lo Penal 2 verá ese caso y el del enterramiento de pinturas en el polígono Barreiros
Los dos procedimientos penales contra el medio ambiente más importantes instruidos en los últimos años, por su trascendencia ecológica, afrontan ya su fase final ya que acaban de ser turnados el Juzgado de lo Penal 2. No sólo la gravedad de los hechos los define sino su dilatada instrucción en el tiempo. La contaminación del Barbaña que se tradujo en la mortandad de 17.013 peces se remonta a 2009 mientras que en el enterramiento de pinturas en Barreiros se inició en 2012. Ambos casos, sin fecha de juicio porque acaban de ser remitidos por Instrucción 1 y 2, respectivamente, se celebrarán en 2018 (la agenda de señalamientos ya está completa hasta febrero).
En el caso del Barbaña, la fiscal acusa a cuatro responsables de Espina y Delfín, la empresa responsable de la gestión de la estación depuradora de aguas residuales de San Cibrao, de una imprudencia grave por la que se desencadenó el vertido tóxico más devastador sufrido por el río Barbaña hasta la fecha: afectó a 5,6 hectáreas de dominio público hidráulico, y el impacto ambiental comenzó el 24 junio de 2009 y se prolongó hasta el 1 de julio. Pretende una condena de tres años de prisión, una multa de 18 meses, a razón de 50 euros diarios, y la inhabilitación durante tres años para ejercer una profesión relacionada con la gestión de residuos o aguas fluviales, marítimas y pluviales.
El otro delito ecológico pendiente de juicio oral se refiere a la actividad contaminante realizada por IQUGASA en el polígono Barreiros, empresa dedicada a fábrica de pinturas, esmaltas y barnices. La acusación pública sostiene que desde la primavera de 2011 procedió al enterramiento de restos plásticos, chatarra, bidones, botes de pinturas y otros residuos contaminantes en un fosa existente en una finca anexa. Los análisis de muestras de tierra revelaron la presencia de benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos aromáticos así como arsénico que provocaron, a juicio de la acusación, "un impacto ambiental grave y afección sobre el territorio y los elementos naturales del entorno, afectando a los terrenos anexos, con usos agrícolas y ganaderos".
En este proceso están imputados el gerente, Placer M.B. y la empresa. Para el primero, la fiscal pide tres años y nueve meses de prisión así como 18 meses a 30 euros al día (introduce una alternativa de 16 meses de cárcel y multa de 12 meses). Industrias Químicas Gallegas S.L. se enfrenta a dos años de multa (100 euro al día).
Seis meses de prisión por el abandono de 53 coches
José G.F. aceptó ayer en el Juzgado de lo Penal 1 una condena de seis meses de prisión y multa de diez meses a dos euros cada día por un delito contra el medio ambiente en su modalidad de depósito de residuos. El inculpado estaba acusado de depositar 53 vehículos, destinados a desguace, en terrenos próximos a viviendas en San Cristovo de Cea, una actividad desplegada entre 2011 y octubre de 2016.
Todos los vehículos despositados por el acusado, que se dedicaba a la compraventa para el posterior desguace, estaban sin descontaminar, con motores líquidos, despositados encima del terreno y sin impermeabilizar.
Según recoge la fiscal en su escrito de acusación, el inculpado realizaba su actividad sin contar con autorización ambiental. De hecho, fue sancionado en diversas ocasiones por la Guardia Civil del puesto de Cea y se le incoó expediente sancionador por parte de la Xunta.
La acusación sostiene que los residuos de los vehículos (aceites, baterías, líquido de frenos, refrigeración, anticongelantes, zapatas con amianto, combustibles usados, filtros de aceite...) provocaron una grave afección al medio ambiente por existir riesgo de contaminación del suelo por sustancias nocivas, de la aguas superficiales y subterráneas o incluso del aire, extendiendo la afectación a las plantas y animales.
