El fiscal pidió a la Audiencia una pena por blanqueo de capitales alegando "ignorancia deliberada"
El malagueño Carlos Herrera Cabra estaba sin trabajo en el verano de 2010 cuando vio una oferta en el portal de empleo Infojobs. Una empresa que se hacía llamar "Oro-Plata", especializada en la compra-venta de metales nobles desde Europa del Este, precisaba un agente aduanero para hacer transferencias de capital de cliente a comprador.
El trabajo era sencillo: consistía en abrir una cuenta a su nombre, en la que sus empleadores ingresarían de forma periódica cantidades inferiores a 3.000 euros, que después tendría que retirar y enviarles a través de mensajería -Wester Union- a una dirección de Ucrania (Sergei Moldovan; Avenida Mogol 12-47 -Kiev- Ucrania). A cambio, por cada cantidad enviada, obtendría una comisión (el 10% del reintegro).
Según declaró ayer ante la Audiencia Herrera Cabra, acusado de un delito de blanqueo de capitales, desconocía que estuviera sirviendo de "mulero" en un caso de "phishing" , en el que delincuentes asentados en países del Este emplean las cuentas corrientes de terceras personas para dificultar el rastro del dinero obtenido de forma ilegal (previamente piratean cuentas de particulares o empresas para sustraer dinero online).
En este caso, la víctima fue un vecino de Carballiño al que ya ese mismo mes le habían saqueado de la cuenta que tenía en la Caixa Rural Gallega un total de 2.977 euros. Por estos hechos, fue condenado un alicantino a seis meses de prisión.
En el caso que ayer se vio en la Audiencia, los 2.933 euros sustraídos debían ser enviados a Ucrania mediante tarjetas Ukash (se compran en oficinas de Correos) porque el inculpado tenía el DNI caducado para hacerlo por mensajería.
Sin embargo, el fiscal alegó en su informe final que la conducta del inculpado siguió el "principio de la teoría de la ignorancia deliberada", es decir, Carlos Herrera quiso mirar hacia otro lado a sabiendas de lo qué hacía en su supuesto trabajo no era lícito. "Cualquier persona con conocimientos medios -el propio inculpado dijo de sí mismo que "pese a no tener estudios no soy tonto"- sabe que no te pagan por ingresar dinero", dijo el representante del ministerio público, recalcando que el inculpado fue una pieza clave "para ayudar a los autores de un delito contra el patrimonio a obtener beneficios económicos".
El fiscal reclamó una pena de dos años de cárcel y multa de 5.000 euros por blanqueo aunque también introdujo la alternativa por imprudencia grave que le reduciría la condena.
La defensa reclamó la absolución porque su cliente "se comportó como cualquiera que necesita dinero". Resaltó que "no tiene antecedentes ni ningún otro procedimiento abierto", además de señalar que "se limitó a hacer su trabajo".
