El Banco de España y la comisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ya tienen el documento inicial del plan de integración de Caixa Galicia y Caixanova, que ayer aprobaron sus respectivos consejos de administración, en A Coruña y en Vigo. Según ese documento, las cajas gallegas solicitan al Fondo 1.162 millones de euros, necesitará cerrar 300 oficinas, de las que unas 200 están en Galicia, y prejubilar a 1.200 empleados, además de incluir desinversiones que supongan reducir 8.000 millones la cifra de activos ponderados por riesgo. El plan, de 2010 a 2015, prevé que la nueva caja tenga resultados positivos desde el primer momento
Según ambas cajas, este plan de desinversiones de activos por riesgo incluye tanto las ventas que se realizarían de participaciones industriales que mantienen ambas cajas, como la venta de oficinas de la red exterior. La desinversión total se elevaría a 16.600 millones.
Caixa Galicia y Caixanova puntualizaron, en un comunicado conjunto, que después de estas desinversiones, la nueva caja 'lideraría el mercado financiero gallego', y se consolidaría como 'la quinta caja de ahorros española y uno de los diez primeros grupos financieros a nivel nacional', al manejar un volumen de negocio (depósitos más créditos de clientes) superior a los 90.000 millones.
El plan detecta que la fusión de las dos cajas conllevaría el 'solapamiento' de 300 oficinas de las redes actuales de ambas entidades, de las cuales 'menos de 200' corresponden a Galicia. Al centenar de las ubicadas fuera de la comunidad se les intentará buscar comprador.
El plan de integración, en el que trabajar cuatro semanas 70 directivos repartidos en 16 comisiones, añade que se procederá a una 'paralela racionalización de los servicios centrales y de apoyo'. Según el documento, que ahora espera las matizaciones del Banco de España para cerrarlo antes del 30 de junio, los 1.162 millones de ayudas para la integración suponen el 2% de los activos ponderados por riesgo, cuya devolución está prevista en cinco años.
Las proyecciones financieras de la operación prevén la obtención de resultados positivos en todo el periodo proyectado hasta 2015 'en medida suficiente para afrontar la devolución del FROB, continuar reforzando la solvencia de la entidad, la cobertura de la morosidad con fondos para insolvencias, que se mantendrá por encima del 55 por ciento, y preservar la inversión social'. Para la obra social las cajas prevén un presupuesto medio anual de 50 millones.
Al término de los cinco años la caja fusionada prevé alcanzar en 2015 un coeficiente de solvencia básico (core capital) superior al 7 por ciento y un TIER 1 en el entorno del 10 por ciento.
El plan de reestructuración aspira a acercar la eficiencia de la nueva entidad al entorno del 50 por ciento en el año 2015, gracias a la obtención de unas sinergias netas (ahorros menos costes) de más de 330 millones. Esta cifra aseguran que 'cubre sobradamente' los 240 millones que será necesario pagar por intereses del FROB.
Los sindicatos
Las cajas gallegas comunicaron a los sindicatos el contenido del documento ayer por la tarde, tras los consejos de la mañana. Los sindicatos consideraron la reunión 'frustrante' y criticaron que no se haya concretado el coste laboral de la fusión.
En este sentido, representantes de los trabajadores indicaron que se presentaron datos similares a los aportados en la auditoría hecha por KPMG, pero de un modo 'incluso más inconcreto', reprochó el responsable de CIG-Banca, Clodomiro Montero. 'Resultó bastante frustrante, teníamos expectativas de que presentasen cifras reales y concretas', dijo y pidió datos sobre cierre de oficinas y personal. Sin embargo, la información presentada es 'un plan abierto sin marcar cifras cerradas', apuntó Montero.
'Lo que se nos expuso es incluso más inconcreto que la auditoría de KPMG, que hablaba de puestos de trabajo y oficinas a cerrar. Ahora se habla de menos de 300 -sucursales a cerrar- pero sin concretar el número', insistió el representante de la CIG, quien aclaró que tampoco se hizo alusión a la posibilidad de vender parte de la red comercial fuera de Galicia.
En el mismo sentido se pronunció el secretario general de la sección sindical de CC OO en Caixa Galicia, Luis Mariño, al señalar que esperaba 'más' de la reunión, en la que se ofrecieron 'datos globales que no difieren mucho de los de KPMG'. 'Seguimos esperando los datos pormenorizados', dijo, en los que se concrete la fórmula para rebajar la plantilla, cuántas y cuáles son las oficinas que se deben cerrar y 'cómo se va a proceder a las desinversiones'. Por su parte, la responsable Ahorro de UGT, Marita Pita, manifestó su 'decepción' por la reunión y reclamó 'planes concretos de reducción de oficinas y de personal'. 'No hablamos de datos porque no hay nada concreto', criticó Pita, que expuso que hasta final de mes no dispondrán de cifras más ajustadas.
Los políticos
Los políticos ourensanos mostraron ayer cautela a la hora de valorar el primer borrador del plan de integración de las dos cajas. En cuanto al coste laboral que supondrá la fusión, el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, habló de sacrificios laborales en los que no debe faltar el diálogo. 'Posto que falamos dun documento inicial, hai que agardar e desexar que os danos colaterais sexan os menos posibles. O sistema de prexubilación debe ser o menos prexudicial para os profesionais das caixas, máxime estando, como é o caso, nun momento defícil, en metade dunha crise económica moi profunda'. El mandatario local de la ciudad apostó por una integración en la que 'se defendan os intereses dos traballadores'.
Por su parte, el presidente provincial del PP, José Manuel Baltar Blanco, cree que en esta fusión no se debe bajar la guardia para que 'las condiciones en las que se abandonen los puestos de trabajo sean las mejores posibles', teniendo en cuenta que las prejubilaciones afectarán a más de un millar de empleados de ambas cajas. Lo que sí tiene claro Baltar es que el cierre de oficinas no dejará a ningún concello de la provincia desabastecido, dada la implantación que tenían hasta la fecha ambas entidades crediticias. A su juicio, sí que habrá que estar expectante al uso que se le da al patrimonio inmobiliario. Por estas razones apeló a estar vigilantes en un proceso en el que la provincia 'no puede salir mal parada, teniendo en cuenta lo que ocurrió en la anterior fusión'.
Por su parte, el portavoz del BNG en la Diputación, Xosé Manuel Fírvida, también mostró su preocupación por el coste laboral del proceso. 'Debe haber unha participación directa da Xunta de Galicia para salvagardar os dereitos dos traballadores das caixas, e que se provoque o menor dano posible á economía e ás familias. En todo caso, sería importante que se atenderan as prexubilacións, e sexa tida en conta a opinión dos sindicatos', dijo.
Asimismo, ayer habló de fusión el alcalde de Vigo, Abel Caballero -lo había evitado en numerosas ocasiones a lo largo del último año- para quien la fusión se hace viable 'a través de la venta de la red exterior de oficinas de una de las cajas'. Según precisó, sin esta medida no cuadraban los números, dejando claro que esta medida -la enajenación de las oficinas- debe afectar a la caja coruñesa.
Cuadro de mando
El plan de negocio remitido al Banco de España no incluye el diseño concreto del cuadro de mando de la caja fusionada. Este punto, según las fuentes consultadas, aún no fue abordado en las mesas constituidas para confeccionar la fusión, pero podría quedar fijado antes de que se formalice la solicitud definitiva de ayudas al FROB, que expira el 30 de junio. Está cerrado, no obstante, que el actual director general de Caixanova, José Luis Pego, lo será de la futura entidad, y se da por hecho que como adjunto contará con Javier García Paredes, de Caixa Galicia. Mientras, el presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, será uno de los dos copresidentes para ejercer las funciones de presidente en el primer turno de 18 meses que corresponde a cada una de las cajas de ahorros.
Por su parte, el actual director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, aún no ha despejado cuál será su futuro.
Otras fusuiones
Los consejos de administración de Caja Madrid, Bancaja, la Insular de Canarias, Caixa Laietana y las cajas de Ávila, Segovia y La Rioja aprobaron ayer la creación de la alianza que les permitirá compartir riesgos y para la que han pedido una ayuda pública de 4.465 millones de euros. De ese dinero que procederá del FROB, sólo a la entidad madrileña le corresponderán unos 2.325 millones y a Bancaja, más de 1.680 millones, explicaron fuentes conocedoras de la operación. Esas cantidades se corresponden con el peso que tendrán las dos entidades -Caja Madrid, el 52,06 por ciento y Bancaja, el 37,7 por ciento- en el nuevo grupo financiero, que con más de 340.000 millones en activos desbancará a La Caixa como la primera caja de ahorros de España. El presidente ejecutivo será Rodrigo Rato mientras que José Luis Olivas ocuparía la vicepresidencia.
Caixa Galicia y Caixanova puntualizaron, en un comunicado conjunto, que después de estas desinversiones, la nueva caja 'lideraría el mercado financiero gallego', y se consolidaría como 'la quinta caja de ahorros española y uno de los diez primeros grupos financieros a nivel nacional', al manejar un volumen de negocio (depósitos más créditos de clientes) superior a los 90.000 millones.
El plan detecta que la fusión de las dos cajas conllevaría el 'solapamiento' de 300 oficinas de las redes actuales de ambas entidades, de las cuales 'menos de 200' corresponden a Galicia. Al centenar de las ubicadas fuera de la comunidad se les intentará buscar comprador.
El plan de integración, en el que trabajar cuatro semanas 70 directivos repartidos en 16 comisiones, añade que se procederá a una 'paralela racionalización de los servicios centrales y de apoyo'. Según el documento, que ahora espera las matizaciones del Banco de España para cerrarlo antes del 30 de junio, los 1.162 millones de ayudas para la integración suponen el 2% de los activos ponderados por riesgo, cuya devolución está prevista en cinco años.
Las proyecciones financieras de la operación prevén la obtención de resultados positivos en todo el periodo proyectado hasta 2015 'en medida suficiente para afrontar la devolución del FROB, continuar reforzando la solvencia de la entidad, la cobertura de la morosidad con fondos para insolvencias, que se mantendrá por encima del 55 por ciento, y preservar la inversión social'. Para la obra social las cajas prevén un presupuesto medio anual de 50 millones.
Al término de los cinco años la caja fusionada prevé alcanzar en 2015 un coeficiente de solvencia básico (core capital) superior al 7 por ciento y un TIER 1 en el entorno del 10 por ciento.
El plan de reestructuración aspira a acercar la eficiencia de la nueva entidad al entorno del 50 por ciento en el año 2015, gracias a la obtención de unas sinergias netas (ahorros menos costes) de más de 330 millones. Esta cifra aseguran que 'cubre sobradamente' los 240 millones que será necesario pagar por intereses del FROB.
Los sindicatos
Las cajas gallegas comunicaron a los sindicatos el contenido del documento ayer por la tarde, tras los consejos de la mañana. Los sindicatos consideraron la reunión 'frustrante' y criticaron que no se haya concretado el coste laboral de la fusión.
En este sentido, representantes de los trabajadores indicaron que se presentaron datos similares a los aportados en la auditoría hecha por KPMG, pero de un modo 'incluso más inconcreto', reprochó el responsable de CIG-Banca, Clodomiro Montero. 'Resultó bastante frustrante, teníamos expectativas de que presentasen cifras reales y concretas', dijo y pidió datos sobre cierre de oficinas y personal. Sin embargo, la información presentada es 'un plan abierto sin marcar cifras cerradas', apuntó Montero.
'Lo que se nos expuso es incluso más inconcreto que la auditoría de KPMG, que hablaba de puestos de trabajo y oficinas a cerrar. Ahora se habla de menos de 300 -sucursales a cerrar- pero sin concretar el número', insistió el representante de la CIG, quien aclaró que tampoco se hizo alusión a la posibilidad de vender parte de la red comercial fuera de Galicia.
En el mismo sentido se pronunció el secretario general de la sección sindical de CC OO en Caixa Galicia, Luis Mariño, al señalar que esperaba 'más' de la reunión, en la que se ofrecieron 'datos globales que no difieren mucho de los de KPMG'. 'Seguimos esperando los datos pormenorizados', dijo, en los que se concrete la fórmula para rebajar la plantilla, cuántas y cuáles son las oficinas que se deben cerrar y 'cómo se va a proceder a las desinversiones'. Por su parte, la responsable Ahorro de UGT, Marita Pita, manifestó su 'decepción' por la reunión y reclamó 'planes concretos de reducción de oficinas y de personal'. 'No hablamos de datos porque no hay nada concreto', criticó Pita, que expuso que hasta final de mes no dispondrán de cifras más ajustadas.
Los políticos
Los políticos ourensanos mostraron ayer cautela a la hora de valorar el primer borrador del plan de integración de las dos cajas. En cuanto al coste laboral que supondrá la fusión, el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, habló de sacrificios laborales en los que no debe faltar el diálogo. 'Posto que falamos dun documento inicial, hai que agardar e desexar que os danos colaterais sexan os menos posibles. O sistema de prexubilación debe ser o menos prexudicial para os profesionais das caixas, máxime estando, como é o caso, nun momento defícil, en metade dunha crise económica moi profunda'. El mandatario local de la ciudad apostó por una integración en la que 'se defendan os intereses dos traballadores'.
Por su parte, el presidente provincial del PP, José Manuel Baltar Blanco, cree que en esta fusión no se debe bajar la guardia para que 'las condiciones en las que se abandonen los puestos de trabajo sean las mejores posibles', teniendo en cuenta que las prejubilaciones afectarán a más de un millar de empleados de ambas cajas. Lo que sí tiene claro Baltar es que el cierre de oficinas no dejará a ningún concello de la provincia desabastecido, dada la implantación que tenían hasta la fecha ambas entidades crediticias. A su juicio, sí que habrá que estar expectante al uso que se le da al patrimonio inmobiliario. Por estas razones apeló a estar vigilantes en un proceso en el que la provincia 'no puede salir mal parada, teniendo en cuenta lo que ocurrió en la anterior fusión'.
Por su parte, el portavoz del BNG en la Diputación, Xosé Manuel Fírvida, también mostró su preocupación por el coste laboral del proceso. 'Debe haber unha participación directa da Xunta de Galicia para salvagardar os dereitos dos traballadores das caixas, e que se provoque o menor dano posible á economía e ás familias. En todo caso, sería importante que se atenderan as prexubilacións, e sexa tida en conta a opinión dos sindicatos', dijo.
Asimismo, ayer habló de fusión el alcalde de Vigo, Abel Caballero -lo había evitado en numerosas ocasiones a lo largo del último año- para quien la fusión se hace viable 'a través de la venta de la red exterior de oficinas de una de las cajas'. Según precisó, sin esta medida no cuadraban los números, dejando claro que esta medida -la enajenación de las oficinas- debe afectar a la caja coruñesa.
Cuadro de mando
El plan de negocio remitido al Banco de España no incluye el diseño concreto del cuadro de mando de la caja fusionada. Este punto, según las fuentes consultadas, aún no fue abordado en las mesas constituidas para confeccionar la fusión, pero podría quedar fijado antes de que se formalice la solicitud definitiva de ayudas al FROB, que expira el 30 de junio. Está cerrado, no obstante, que el actual director general de Caixanova, José Luis Pego, lo será de la futura entidad, y se da por hecho que como adjunto contará con Javier García Paredes, de Caixa Galicia. Mientras, el presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, será uno de los dos copresidentes para ejercer las funciones de presidente en el primer turno de 18 meses que corresponde a cada una de las cajas de ahorros.
Por su parte, el actual director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, aún no ha despejado cuál será su futuro.
Otras fusuiones
Los consejos de administración de Caja Madrid, Bancaja, la Insular de Canarias, Caixa Laietana y las cajas de Ávila, Segovia y La Rioja aprobaron ayer la creación de la alianza que les permitirá compartir riesgos y para la que han pedido una ayuda pública de 4.465 millones de euros. De ese dinero que procederá del FROB, sólo a la entidad madrileña le corresponderán unos 2.325 millones y a Bancaja, más de 1.680 millones, explicaron fuentes conocedoras de la operación. Esas cantidades se corresponden con el peso que tendrán las dos entidades -Caja Madrid, el 52,06 por ciento y Bancaja, el 37,7 por ciento- en el nuevo grupo financiero, que con más de 340.000 millones en activos desbancará a La Caixa como la primera caja de ahorros de España. El presidente ejecutivo será Rodrigo Rato mientras que José Luis Olivas ocuparía la vicepresidencia.
