El anteproyecto de ley del Poder Judicial configura un único tribunal de instancia en la ciudad con opción de sedes desplazadas.
La nueva estructura judicial contemplada en el anteproyecto de ley del Poder Judicial que el viernes aprobó el Consejo de Ministros suprime ocho de los nueve partidos judiciales de la provincia: Ribadavia, Xinzo, Trives, Verín, Barco, Carballiño, Bande, Celanova.
El trasfondo centralizador se concreta en la creación de un único tribunal provincial de instancia que abarque todos los órdenes jurisdiccionales (excepto la sección Civil de la Audiencia que se integraría en el TSXG) en la ciudad.
La desaparición de los partidos judiciales en las principales villas de la provincia abre la puerta a la desaparición de los juzgados de primera instancia e instrucción que actualmente funcionan en ellas.
Según explica el decano de los jueces, Antonio Piña, la futura Ley de Demarcación y Planta "regulará la posibilidad de establecer sedes desplazadas de todas o algunas de las salas del Tribunal de Instancia en aquellas localidades que ya fueran cabeza de los anteriores partidos judiciales atendiendo al volumen y dispersión de la población, carga de trabajo, distancia a la sede del tribunal de instancia provincial, tiempo de desplazamiento en transporte público o incluso aprovechamiento de edificios e infraestructuras judiciales o amortización y recuperación de las inversiones realizadas".Eso sí, tal como valora, "está claro que no habrá sedes tal cual la configuración de los actuales partidos judiciales".
Mientras que el Gobierno del PP alaba "las ventajas que una completa provincialización de la Administración de Justicia" a la hora de defender el anteproyecto, en la provincia se han empezado a escucharse las primeras voces en contra no sólo en el ámbito judicial sino también político. Para el presidente de la Audiencia, Fernando Alañón, la creación de tribunales de instancia tiene bazas a favor en cuento que hace la estructura judicial más operativa pero también aspectos negativos a tenor de la realidad social de la provincia de Ournse. "Esta configuración tiene un hándicap muy importante y es que a medio y largo plazo se le pega un dentellada al rural", valora para remarcar la importancia "de ocupar el territorio y estar en todos los sitios".
No obstante, Alañón destaca un punto a favor del anteproyecto: "Logra romper la dicotomía juez-juzgado, que limitaba la capacidad de decisión de la Justicia". En términos, prácticos con esta norma los refuerzos judiciales serán fáciles de solventar porque no está a al expenda de la creación de un nuevo órgano, tal como ocurre en la actualidad.
El presidente de la Audiencia también cree que estos cambios no serán viable si no van incardinados en otros como "el desarrollo del expediente electrónico".
Por su parte, el decano está a favor de "modernizar la estructura judicial" pero "sin que ello tenga que suponer la limitación de los servicios que la Administración de Justicia presta a los actuales partidos judiciales". Para Piña es prioritario "articular formas de organización que permitan combinarlas" sin considerar imprescindible la supresión de los partidos judiciales.
La judicatura sí es unánime a la hora de valorar la creación de una segunda instancia penal, algo que se le ha reprochado desde la UE en más de una ocasión a España, respecto a la resolución en material penal de las Audiencias provinciales (el recuso de casación ante el Supremo tiene carácter extraordinario). El anteproyecto da postestad a los tribunales superiores de justicia para resolver recursos contra la resoluciones de los tribunales de instancia. AsImismo, la norma abre el camino hacia la especialización en delitos económicos o en materia tributaria.
La nueva estructura judicial ya se ha topado de lleno con la oposición de los alcaldes del PP. El propio regidor de Carballiño, Argimiro Marnotes, habla de retroceso " cuando lo que pretendemos es ofrecer la mayor comodidad a nuestros vecinos, creando ventanillas únicas y renovando servicios que posibiliten realizar todas las gestiones con la administración sin necesidad de desplazarse”. El alcalde pretende mantendrá una reunión con los afectados directos, abogados y procuradores de la villa, con el fin de adoptar medidas conjuntas. Así mismo Marnotes confía en que en la Xunta de Galicia se estudie con sensibilidad la propuesta de reducción de partidos judiciales y recuerda el esfuerzo que supuso para Carballiño conseguir el segundo juzgado.
El mandatario local de Bande, José Antonio Armada, habla de crear un frente común de afectados.
