El PP logra fondos para los accesos al centro de salud de O Couto o la canalización a Os Remedios
Los tres grupos de la oposición del Concello de Ourense se unieron en el pleno celebrado ayer para obligar a negociar al gobierno local más de 4,5 de los 21,9 millones de euros que pretendía liberar para poder hacer frente, al no contar con un presupuesto actualizado, a más de una veintena de convenios con asociaciones y colectivos de la ciudad, un paquete de obras, el mantenimiento del sistema informático municipal, reparación y mantenimiento de edificios, publicidad o la amortización de deuda, para la que iba dirigida más de la mitad de la cuantía de las 11 modificaciones de crédito presentadas, concretamente por 12,7 millones.
En total, se quedaron por el camino cuatro de los expedientes presentados -una batería de 21 convenios, la partida para abonar el convenio de los accesos al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense, las siete obras y fondos para la Concejalía de Servizos Xerais-, que ni siquiera fueron rechazados, ya que los grupos de la oposición obligaron con sus 17 votos al PP a retirarlas del orden del día, reprochando al alcalde la falta de presupuestos y su poco talante negociador.
11 expedientes
Los otros siete expedientes fueron aprobados, salvo uno con la abstención de Democracia Ourensana y Ourense en Común, por unanimidad. Esto permitirá liberar 1,4 millones para dos convenios que permiten la mejora del saneamiento y abastecimiento del Concello, 345.000 euros para la renovación de la canalización desde As Burgas al pabellón de Os Remedios, 735.000 euros para la urbanización del centro de salud de O Couto, 1,9 millones para expropiaciones y adquisición de edificios, 111.748 euros para las obras de reposición del vertedero de As Eiroás y 126.911 euros para dos talleres de empleo que generarán 45 puestos de trabajo.
La polémica estuvo servida en los debates de los cuatro expedientes que fueron finalmente retirados, y que el gobierno local llevará en los próximos plenos con otra fórmula para conseguir la aprobación del resto de grupos. "Crean un perjuicio de difícil solución a entidades que prestan su ayuda a decenas de personas", espetó la concejala de Facenda, Ana Fernández Morenza durante el debate sobre la batería de 21 convenios que suscitaron la desconfianza de la oposición. Entre otros, están los suscritos con Cáritas, Banco de Alimentos, Comité Antisida, Liceo, Ateneo o Proyecto Hombre.
"Hai convenios con vicios que hai que subsanar, corríxanos e despois os poderemos aprobar", destacó el portavoz del PSOE, José Ángel Vázquez Barquero; mientras que Gonzalo Pérez Jácome, de DO, acusó al gobierno de la ciudad de practicar el "chantaje emocional". Martiño Xosé Vázquez, de Ourense en Común, criticó el reparto de cuantías.
Los 410.000 euros que el Concello debe abonar por los accesos al CHUO, suscritos en un convenio firmado en marzo, también centraron buena parte de la polémica. Como ya había indicado esta semana, Barquero indicó al alcalde que "no aceptará hipotecas por su irresponsabilidad", en relación a la cláusula introducida por la que el Sergas podría pedir daños y perjuicios si no recibía la cuantía prometida. Jesús Vázquez intervino en este debate, destacando que la rápida actuación del actual gobierno local está haciendo posible urbanizar el entorno del CHUO y no perder fondos europeos utilizados en su ampliación, acusando a la oposición de "estar facendo moito dano á cidade".
El expediente que incluía las siete obras de Infraestructuras también provocó enfrentamientos, con cada grupo de la oposición molesto por una actuación diferente. El PSOE insistió en que hay necesidades más acuciantes que actuaciones en la rúa Bedoya o en As Coiñás, donde demanda la elaboración de un plan especial dentro del PXOM, algo que el edil de Urbanismo, José Cudeiro "no ve necesario". Democracia Ourensana cuestionó la introducción del sistema de elevación mecánica de la Cruz Alta junto a otros proyectos, considerando, además, que la partida de 925.000 euros no es suficiente. Ourense en Común acusó al gobierno de "involucionar el modelo de ciudad" con un proyecto en Bedoya que incumple la estrategia en materia de movilidad. Ante esto, el alcalde reprochó la postura de la oposición. "Se pasa algo a ver como o explican", indicó mientras mostraba una carta del presidente de la asociación de empresarios del polígono de As Coiñás, en la que expresaba, según el regidor, la necesidad de acometer obras en la zona.
Ana Morenza amenaza a Juana Ageitos con “llevarla al juzgado"
El debate de la moción presentada por el PSOE criticando el "caos" de la Concejalía de Comercio terminó con la concejala Ana Fernández Morenza amenazando a su predecesora en el cargo, Juana Ageitos, con "llevarla al juzgado"después de que la socialista le acusara de "imponer sanciones solo a unos locales olvidándose de otros", en relación a la ordenanza de veladores, después de que le llamara "patética".
Ageitos, defensora de la moción, había cuestionado en sus intervenciones el trabajo durante estos 13 meses de Fernández Morenza, reprochándole que la plaza de Abastos de A Ponte siga cerrada, que no haya una nueva ordenanza de terrazas ni se haya resuelto el concurso de los mupis. "Hay personas de su partido que se escandalizan con su inoperancia", le indicó la socialista a Morenza, contestó a estas palabras criticando la herencia de la gestión de la concejala del PSOE.
"No dirija sus frustraciones hacia mí, tiene una memoria de pez, ustedes estuvieron con los mupis ocho años en precario, no lograron ni sacar un pliego para el mercado de A Ponte y lo único que han propuesto a los veladores es una enmienda a la totalidad, lo que no hizo en ocho años, lo estoy haciendo yo en uno", destacó la edil de Comercio.
Luz verde al PERI de Seixalbo y a la ordenanza del servicio de taxis
Los cuatro grupos del Concello acordaron por unanimidad dar luz verde definitiva al Plan Especial de Protección del Conjunto de Interés Etnográfico de Seixalbo, que cayó con el PXOM de 2003 y que ahora vuelve a estar en vigor. Según el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, "dará solución a la edificación y a los usos" que se quiera dar a los inmuebles. El documento solo fue alegado por el Colegio de Arquitectos, y la oposición elogió el trabajo realizado.
Asimismo, los votos del PP, con el resto de grupos absteniéndose, aprobaron el Plan Especial de Dotaciones para equipamiento religioso en suelo rústico en Vilar de Astrés, que permitirá dar abastecimiento y otros servicios a una capilla y a un centro de monjas.
Por otro lado, se logró, también con el respaldo de todo el pleno, la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del servicio del taxi, adaptándola así a la ley autonómica. Entre otras cuestiones, regula el número de licencias, el tipo de vehículos que se podrá usar, sus características. Al texto inicial se incorporaron enmiendas de Ourense en Común.
Sobre los taxis se discutió también en una moción posterior, en la que se acordó por unanimidad habilitar una partida para ayudar a los taxistas a comprar o adaptar taxis para personas con movilidad reducida. El respaldo de toda la Corporación se logró también para mejorar el acondicionamiento de la red de senderos fluviales del Concello.
Otros acuerdos que se alcanzaron, estos con los votos en bloque de la oposición, fueron la elaboración de un informe económico periódico sobre el estado de la ciudad, una iniciativa similar al observatorio económico de la Diputación, la reactivación de la mesa de movilidad. La única moción que no salió adelante fue una de DO, que pedía limitar a un 50% las subvenciones a espectáculos.
