Los partidos recriminan que Áurea Soto utilice datos de la vinculación laboral de Susana Gómez con el Concello para evidenciar que gobiernos anteriores contrataban también asistencias técnicas.
La oposición municipal plantó ayer el pleno después de que el alcalde, el socialista Agustín Fernández, llamase a la Policía Local para que desalojara a la concejala de Democracia Ourensana, Susana Gómez. Fue un nuevo ejemplo de la tensión en la que vive la Corporación municipal tras la judicialización en la que se ha asentado la gestión política y la imputación de varios concejales.
El incidente que dio lugar al plante se produjo durante el debate de una moción presentada por este grupo político para constituir una junta política y técnica que se hiciese cargo de las contrataciones. Fue entonces cuando la socialista Áurea Soto se refirió a que Susana Gómez, que en la actualidad es concejala con dedicación exclusiva, había entrado en el Concello como profesora de música mediante una asistencia técnica, una práctica que la oposición censura constantemente al grupo de gobierno y por la que está imputada la propia Soto.
Al mismo tiempo que la concejala de Urbanismo hacía estas referencias, el gabinete de prensa del Concello repartía entre los medios un documento de la Inspección de Trabajo en la que constaba que tanto Gómez como otras 18 personas -cuyos nombres aparecen tachados en ese documento- habían sido contratados bajo la modalidad de "contratos administrativos de asistencia técnica". Simultáneamente, el asesor de Democracia Ourensana hacía llegar a los periodistas una amplia documentación con la vinculación laboral de Susana Gómez en el Concello, en el que también se incluía el documento aportado por Soto, aunque sin ocultar ningún nombre.
En su turno de intervención por alusiones, Gómez Valencia relató su experiencia laboral en el Concello -"entré por oposición pero Javier Rodríguez Nóvoa (exedil del PP) no nos quería fijos", por lo que, tras un tiempo de paro, empezó a ser contratada por asistencias técnicas-. Cuando sobrepasaba el tiempo estipulado para la réplica, el alcalde se lo hizo saber, a lo que la concejala, muy enfadada, replicó que no se iba a callar, ni siquiera cuando el regidor le advirtió de que ordenaría que la desalojaran si no cesaba en su intervención. En esos momentos, ya de gran confusión, Gómez Valencia espetaba al alcalde a que "el último contrato es de obra, en fraude de ley. Arreglen mi puesto de trabajo y el de todos mis compañeros".
Mientras la concejala dejaba claro que "no me pienso marchar", concejales de otros grupos de la oposición mostraban también su rechazo a que se hicieran públicos los datos de carácter personal de un miembro de la Corporación. En medio ya de un gran alboroto, dos agentes de la Policía Local entraron en el salón de plenos y se dirigieron a Gómez Valencia, a la que le pidieron datos identificativos -el carné lo tenía en el despacho de su grupo-. Aún no habían salido los agentes del salón de plenos cuando los tres concejales del BNG decidieron abandonarlo por considerar "inaceptábel que se recurra a datos persoais de representantes públicas, nomeadamente se non se axustan á realidade, como ferramenta de ataque ás posicións políticas", según explicaron minutos después en un comunicado.
La misma decisión la adoptaron Democracia Ourensana y el PP una vez que Susana Gómez Valencia dio sus datos al agente municipal. El PP justificó que abandonase el pleno al considerar que la información facilitada sobre la concejala de DO "é un deleznable e sucio ataque que sobrepasa os límites do debate político e evidencia a catadura moral de quen utilizou como arma arroxadiza información confidencial". Los populares critican "a perda de respeto institucional amosada polo alcalde", puesto que "nos últimos 25 anos, ningún concelleiro ou concelleira foi expulsado do pleno".
Por su parte, la socialista Áurea Soto afirma que accedió a facilitar esa información después de que el PP negara que en sus gobiernos se contrataran asistencias técnicas que derivaran en puestos de trabajo en el Concello. Para ella, la actitud de Gómez muestra que "Democracia Ourensana está en el Concello para defender sus intereses personales".
Con sólo los 11 concejales socialistas -los pachistas, con malestar porque no sabían que se haría uso de ese papel-, el PSOE votó en contra de la moción. La sesión se levantó después de oír -ellos solos- a una representante de Amigos de Venezuela que llamó la atención de la situación que se vive en el país americano.
