La Guardia Civil tiene controladas 36.950, en su mayor parte escopetas de caza, y estima que hay otras 9.000 ilegales
El arsenal de los ourensanos podría llegar a las 46.000 armas, según las estimaciones de la Guardia Civil. El Instituto Armado tiene controladas 36.950 armas en manos de civiles, a las que habría que sumar otras 9.000 –en su mayor parte pistolas y revólveres–, que se escapan de su control, estando en situación de ilegalidad ocultas en viviendas de toda la provincia.
En lo referido a las regularizadas, la mayoría de las armas son escopetas de caza, 34.140, seguidas de 2.461 rifles y 350 armas cortas, pistolas y revólveres. La cifra supone todo un arsenal que está en manos de civiles, aunque debidamente controlado por la Guardia Civil. Buena prueba de ellos es que los agentes tramitaron el año pasado 14 infracciones por irregularidades en la tenencia o manipulación de armas. En lo que va de 2017, ya fue denunciada una nueva ilegalidad. En este armamento legal –que en toda Galicia asciende a 196.000 armas–, la Guardia Civil suele conceder una media de 2.500 permisos o renovaciones de los mismos cada año. Pero los trámites se han endurecido y los peticionarios deben pasar varias pruebas, incluso sobre su estado psicológico, antes de lograr la autorización para manejar el arma.
El registro de armas y licencias aumentó ligeramente en los últimos 10 años. Los agentes lo atribuyen a un aumento de cazadores interesados en abatir jabalíes y presas mayores. También se da la circunstancia de que muchas personas no utilizan las armas pero no se deshacen de ellas y las conservan como recuerdo de familiares ya fallecidos.
Cinco mil escopetas y rifles
El armamento que hay en la provincia se incrementa en otras 5.000 entre escopetas y rifles durante los fines de semana o cuando hay batidas al jabalí, con la llegada de cazadores de las provincias de Pontevedra y A Coruña. Esto aumenta los riesgo de producirse un accidente como el registrado el pasado 18 de diciembre en Petín, cuando un cazador de A Coruña, Alejandro F. B., de 51 años, resultó herido de un disparo en una pierna.
José Antonio Fernández reside en Monterrei y es aficionado al deporte de la caza y reconoce que hay domingos "en que hay más escopetas que presas a batir".
Pero las armas ilegales son lo que más preocupa en los distintos acuartelamientos de la provincia ante las sospechas de que pueden ser utilizadas para perpetrar delitos y generar inseguridad ciudadana. A mediados del pasado mes de febrero, la Guardia Civil detuvo a Antonio R.G., de 71 años, vecino de Coles, después de que se personara en intervención de armas del cuartel de Carballiño. El hombre carecía de permiso para portar el arma. Pero no fue la única intervención dado que una patrulla, en este caso de Allariz, tomó declaración en calidad de investigado a un octogenario de Allariz, Servando V.G., de 81 años, al personarse en el acuartelamiento con una pistola y 200 balas. El investigado, según pudo saber este periódico, argumentó que había adquirido el arma en el año 1977 cuando estuvo en Suiza.
También, durante la operación antidroga llevada a cabo a finales del mes de febrero en Verín los agentes incautaron durante los registros una pistola y un revólver con un centenar de cartuchos, que estaban listos para ser utilizados. Las dos armas fueron adquiridas en Portugal, el epicentro del mercado negro, en el que se puede conseguir una pistola por 500 euros. La Guardia Civil es consciente de este tráfico, y presiona a sus homólogos de la Guardia Nacional Republicana en cada reunión que hay entre los dos cuerpos –tienen una cada tres o cuatro meses– para que detengan a los vendedores de armas ilegales, así como a los dueños de talleres en que las que se preparan y arreglan para su venta.
