Algo similar al SMAC (Servicio de mediación, arbitraje y conciliación) en los conflictos laborales, pero con un acrónimo más complicado de pronunciar (SMP) e incardinando en el prodecimiento penal. El Consejo General del Poder Judicial acaba de autorizar un servicio de mediación penal para el Juzgado de Instrucción 2.
Tratar de poner de acuerdo a la víctima y al infractor. Pero sin sanción penal por medio (en las faltas) o con una condena aminorada (delitos). El Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad ha recibido la autorización del Consejo General del Poder Judicial para poner en marcha la mediación penal, un servicio amparado en los principios de la Justicia Restaurativa, que ya está operativo en otras comunidades autónomas, no así en Galicia.
Este tipo de acciones, que asume un equipo multidisciplinar con formación específica en mediación, enriquece el proceso resolutivo de los conflicto porque las partes hacen suya la solución dentro de los límites del Derecho, explica Mario García, presidente de la Asociación Pro Mediación en Galicia (Apromega). El colectivo, que acaba de constituirse, cuenta con cinco socios en Ourense, quienes están en conversaciones con el juez decano para hacerse cargo del servicio, y éste con la Xunta para cubrir los costes.
Experiencias llevadas a cabo en otras comunidades, explica el titular del Instrucción 2, Antonio Piña, demostraron que la intervención del SMP logró una mayor profundidad en la solución consensuada respecto a la mera sanción penal, ya que hay una mayor asunción de responsabilidad del infractor sobre el daño o perjuicio infringido a la víctima. No hay que olvidar, recuerda Mario García, que el 80% de los conflictos son entre personas que ya se conocían y van a tener que seguir viéndose. Este mediador valora como novedad el que la víctima adquiere un papel preminente en el proceso, ya que participa en la resolución del conflicto. Deja de ser un mero testigo.
Repercusiones
Asimismo, según valoran operadores jurídicos consultados, la mediación es una fórmula que disminuye la carga de trabajo a los juzgados. En el caso de Ourense, se pretende que disminuya el 30 o 40% de las faltas (si hay acuerdo extraprocesal imposibilita la condena al no comparecer las partes) y que aminore en un 20% las consecuencias penales de los delitos.
No todas las denuncias que lleguen serán susceptibles de mediación, previa valoración de la autoridad judicial, ya que dependerá tanto de la tipología delictiva como de la voluntad mostrada por la víctima y el denunciado de comunicarse de cara a una posible reparación del daño. Las riñas vecinales, amenazas o incumplimientos del regimen de visitas, presentes a cientos en los juzgados, son un buen ejemplo de infracciones penales que encajarían con los fines del SMP.
Este tipo de acciones, que asume un equipo multidisciplinar con formación específica en mediación, enriquece el proceso resolutivo de los conflicto porque las partes hacen suya la solución dentro de los límites del Derecho, explica Mario García, presidente de la Asociación Pro Mediación en Galicia (Apromega). El colectivo, que acaba de constituirse, cuenta con cinco socios en Ourense, quienes están en conversaciones con el juez decano para hacerse cargo del servicio, y éste con la Xunta para cubrir los costes.
Experiencias llevadas a cabo en otras comunidades, explica el titular del Instrucción 2, Antonio Piña, demostraron que la intervención del SMP logró una mayor profundidad en la solución consensuada respecto a la mera sanción penal, ya que hay una mayor asunción de responsabilidad del infractor sobre el daño o perjuicio infringido a la víctima. No hay que olvidar, recuerda Mario García, que el 80% de los conflictos son entre personas que ya se conocían y van a tener que seguir viéndose. Este mediador valora como novedad el que la víctima adquiere un papel preminente en el proceso, ya que participa en la resolución del conflicto. Deja de ser un mero testigo.
Repercusiones
Asimismo, según valoran operadores jurídicos consultados, la mediación es una fórmula que disminuye la carga de trabajo a los juzgados. En el caso de Ourense, se pretende que disminuya el 30 o 40% de las faltas (si hay acuerdo extraprocesal imposibilita la condena al no comparecer las partes) y que aminore en un 20% las consecuencias penales de los delitos.
No todas las denuncias que lleguen serán susceptibles de mediación, previa valoración de la autoridad judicial, ya que dependerá tanto de la tipología delictiva como de la voluntad mostrada por la víctima y el denunciado de comunicarse de cara a una posible reparación del daño. Las riñas vecinales, amenazas o incumplimientos del regimen de visitas, presentes a cientos en los juzgados, son un buen ejemplo de infracciones penales que encajarían con los fines del SMP.
