Cuarenta vistas orales tuvieron que ser aplazados ayer en los juzgados de la provincia a causa del paro de los secretarios judiciales, que se concentraron en el Pazo de Xustiza. Los jueces se sumaron a la protesta convocando una junta provincial.
El paro que los secretarios judiciales mantuvieron durante tres horas en la mañana para reivindicar mejoras en la Administración de la Justicia, tras la sanción impuesta a la secretaria del juzgado del caso Mari Luz, obligó al aplazamiento de 40 vistas orales en las instalaciones judiciales ourensanas.
En la provincia hay 28 secretario judiciales y 25 secundaron el paro, que comenzó a las 10.00 horas y finalizó a las 13.00. La protesta fue convocada por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPJS) y consistió en dos concentraciones en los accesos al Pazo de Xustiza, una nada más comenzar el paro y la otra sobre las 12.00 horas, con la que los profesionales pretendían hacer más visibles sus reivindicaciones ante la ciudadanía.
El portavoz del colectivo, José Luis Roig, aseguraba durante la protesta que la provincia de Ourense es la más discriminada de Galicia, sobre todo en apertura de juzgados, algo que es imprescindible porque estamos saturados de trabajo.
En este sentido, José Luis Roig aludió al incremento de casos, sobre todo en los tres juzgados de lo Social, debido a la crisis que hace que se disparen los juicios por morosidad e impagos, por ejemplo, y sólo en lo que va de año los tres juzgados de la ciudad tienen ya 600 expedientes más que durante el año 2007, agregó.
Seguimiento en Galicia El paro fue secundado de forma mayoritaria por los secretarios judiciales en el resto de Galicia. En A Coruña trabajan 119 profesionales y 79 no acudieron a sus puestos. Le sigue Pontevedra con 98 y sólo tres optaron por trabajar, mientras en Lugo la protesta fue seguida por 22 de los 25 secretarios judiciales. El paro obligó a aplazar 140 juicios en el resto de Galicia y desencadenó toda suerte de reacciones políticas.
El PPdeG lo considera justificado y según su portavoz de Xustiza, Xesús Palmou, los ciu dadanos lamentan el error del caso Mari Luz, pero puede volver a ocurrir en la mayoría de los juzgados porque tienen una carga de trabajo a la que no pueden hacer frente con los medios materiales y personales de que disponen, aseguró. El PSOE considera el paro injustificado y según su portavoz, Beatriz Sestayo, la protesta fue por intereses corporativistas. Es evidente que hubo un error con consecuencias gravísimas y no se puede pretender que quede impune, dijo.
Los jueces, contra las injerencias políticas
Los jueces también reivindicaron más medios para realizar su trabajo. Convocaron una junta provincial y a la cita acudieron 27 jueces y magistrados de la provincia. La reunión comenzó a las 11.00 y finalizó a las 13.30 y según el juez decano, Antonio Piña, no fue un paro encubierto, sino una acción para aprovechar la convocatoria de los secretarios y tomar decisiones. La junta provincial de jueces la presidió la magistrada de la sala de lo Social número 2, Isabel Gómez, quien aseguró que las quejas por falta de medios y por la injerencia política en nuestro trabajo serán transmitidas al Ministerio de Justicia. Los jueces dan un mes de plazo para que Justicia aborde soluciones y, en caso contrario, no descartan medidas de presión como la huelga. A media mañana también se reunió el pleno de la Audiencia Provincial, presidido por Fernando Alañón. El pleno acordó rechazar las injerencias políticas en la Justicia, al tiempo que recuerda los fallos y carencias del sistema judicial.
En la provincia hay 28 secretario judiciales y 25 secundaron el paro, que comenzó a las 10.00 horas y finalizó a las 13.00. La protesta fue convocada por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) y la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPJS) y consistió en dos concentraciones en los accesos al Pazo de Xustiza, una nada más comenzar el paro y la otra sobre las 12.00 horas, con la que los profesionales pretendían hacer más visibles sus reivindicaciones ante la ciudadanía.
El portavoz del colectivo, José Luis Roig, aseguraba durante la protesta que la provincia de Ourense es la más discriminada de Galicia, sobre todo en apertura de juzgados, algo que es imprescindible porque estamos saturados de trabajo.
En este sentido, José Luis Roig aludió al incremento de casos, sobre todo en los tres juzgados de lo Social, debido a la crisis que hace que se disparen los juicios por morosidad e impagos, por ejemplo, y sólo en lo que va de año los tres juzgados de la ciudad tienen ya 600 expedientes más que durante el año 2007, agregó.
Seguimiento en Galicia El paro fue secundado de forma mayoritaria por los secretarios judiciales en el resto de Galicia. En A Coruña trabajan 119 profesionales y 79 no acudieron a sus puestos. Le sigue Pontevedra con 98 y sólo tres optaron por trabajar, mientras en Lugo la protesta fue seguida por 22 de los 25 secretarios judiciales. El paro obligó a aplazar 140 juicios en el resto de Galicia y desencadenó toda suerte de reacciones políticas.
El PPdeG lo considera justificado y según su portavoz de Xustiza, Xesús Palmou, los ciu dadanos lamentan el error del caso Mari Luz, pero puede volver a ocurrir en la mayoría de los juzgados porque tienen una carga de trabajo a la que no pueden hacer frente con los medios materiales y personales de que disponen, aseguró. El PSOE considera el paro injustificado y según su portavoz, Beatriz Sestayo, la protesta fue por intereses corporativistas. Es evidente que hubo un error con consecuencias gravísimas y no se puede pretender que quede impune, dijo.
Los jueces, contra las injerencias políticas
Los jueces también reivindicaron más medios para realizar su trabajo. Convocaron una junta provincial y a la cita acudieron 27 jueces y magistrados de la provincia. La reunión comenzó a las 11.00 y finalizó a las 13.30 y según el juez decano, Antonio Piña, no fue un paro encubierto, sino una acción para aprovechar la convocatoria de los secretarios y tomar decisiones. La junta provincial de jueces la presidió la magistrada de la sala de lo Social número 2, Isabel Gómez, quien aseguró que las quejas por falta de medios y por la injerencia política en nuestro trabajo serán transmitidas al Ministerio de Justicia. Los jueces dan un mes de plazo para que Justicia aborde soluciones y, en caso contrario, no descartan medidas de presión como la huelga. A media mañana también se reunió el pleno de la Audiencia Provincial, presidido por Fernando Alañón. El pleno acordó rechazar las injerencias políticas en la Justicia, al tiempo que recuerda los fallos y carencias del sistema judicial.
