El Concello de la ciudad revivió a primera hora de la mañana del martes un revuelo que recordó en gran medida al vivido en la Pokemon. Incluso los rumores sobre supuestas detenciones que nunca sucedieron corrieron con la misma rapidez e intensidad que en septiembre de 2012
Aunque fuese la tercera vez que policías -o agentes de Vigilancia Aduanera, según el caso- se personaran en el Concello en el último año y medio para requerir algún tipo de documentación, lo ocurrido el martes no dejó a nadie indiferente en la Consistorial.
Además de la del martes, varios agentes -en aquel caso, de Vigilancia Aduanera- habían acudido ya al Concello a raíz de la Pokemon para hacerse con los expedientes de Vendex y sus contratos municipales. Apenas unos meses después, en diciembre de ese mismo año, funcionarios policiales volvieron al consistorio a recabar documentación -básicamente, facturas- relacionada con el servicio de ayuda a domicilio. Lo hacían por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, que investiga presuntas irregularidades en el servicio y que, dos meses después, en febrero de 2013, ordenaba incautar el ordenador de la concejala del área, Marga Martín.
Por último, la operación Patos llevó esta semana a los funcionarios de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía al Concello. Y lo hicieron pasadas las nueve de la mañana con una diligencia que los llevó directamente a la Consistorial, en la Praza Maior, en donde se dirigieron al despacho del secretario para después hablar con el alcalde, Agustín Fernández, que los derivó al jefe del servicio de Medio Ambiente, Carlos Cárcamo, ya que lo que buscaban se referían a un expediente iniciado en este departamento: el concurso del mantenimiento de zonas verdes. La situación dio pie a una reunión del regidor y la concejala del área, Susana Bayo.
Con esas premisas, los agentes tuvieron que desplazarse unos metros, hasta la antigua sede de la Policía Local en la Praza de San Martiño, que es donde se ubica Medio Ambiente. Allí preguntaron por Cárcamo y recibieron la misma respuesta que cualquier otro ciudadano: "¿Tiene usted cita?", a la que los policías replicaron con un rotundo "no la necesitamos". Tras aclararse la identidad de los visitantes, los agentes comunicaron al jefe de servicio que traían de requisar lo vinculado al expediente investigado. Cárcamo, que no había participado en el procedimiento de adjudicación por encontrarse de baja en los meses que duró su tramitación, les explicó que los expedientes se encontraban en el servicio de Contratación.
De nuevo, los policías, acompañados por un funcionario de Medio Ambiente, tuvieron que trasladarse. En esta ocasión, hasta la Praza do Trigo, que es donde se encuentra el servicio. Allí es donde encontraron la documentación que venían buscando.
Mientras, las especulaciones fuera no cesaban. El secreto de las actuaciones únicamente permitía deducir que se trataba de una investigación del Juzgado de Instrucción número 7 de Ourense y que se investigaba el contrato adjudicado a Cespa para el mantenimiento de zonas verdes de la ciudad y que se mantiene en el aire después del recurso presentado por una empresa que también optaba a hacerse con el servicio. Ya a media mañana, la información del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia permitió contextualizar la actuación policial en Ourense con la operación Patos.
