El magistrado ourensano José Luis Castro, uno de los mayores expertos en temas carcelarios del país, estará hoy en su ciudad natal para hablar sobre responsabilidad civil en material penitenciaria
El magistrado ourensano José Luis Castro, uno de los mayores expertos en temas carcelarios del país, estará hoy en su ciudad natal, donde aún residen sus padres, para hablar sobre responsabilidad civil en material penitenciaria (a las 20,30 horas en el Liceo), una conferencia organizada por la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas. Hombre próximo y cordial, habla abiertamente de todos los temas que se le plantean, por polémicos que sean, pero sin protagonismos (en sus respuestas utiliza la primera persona del plural). Por sus manos pasaron las controvertidas excarcelaciones por enfermedad de Iñaki de Juana Chaos o Josu Iribetxeberría Bolinaga, muerto el 16 de enero de este año, además de tener que bregar con la situación penitenciaria de narcos (Oubiña), mafiosos o celebridades como el exgeneral Enrique Rodríguez Galindo o Mario Conde.
En noviembre del pasado año se cumplieron 10 años al frente del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. ¿Cómo le ha ido?
Es muy complicado hacer balance del trabajo de uno porque resulta un tanto pretencioso. Estos años hemos conseguido mantener una línea baja en cuanto a apariciones en medios de comunicación. Es un balance de mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque el número de población reclusa (adultos) que depende de este juzgado es elevadísimo -4.200 finiquitados en diciembre- y son materias muy complicadas porque trabajamos fundamentalmente con terrorismo -la columna vertebral-, organizaciones criminales -narcotráfico- o temas de corrupción y tribunales extranjeros. Hemos ejecutado en estos últimos años casos de personas condenadas por los crímenes de guerra de la antigua Yugoslavia. Y en cuanto al Juzgado Central de Menores, fundamentalmente asuntos de terrorismo entre jóvenes de 14 a 18 años.
La discreción a la que aspira no siempre ha sido posible. ¿Cómo se lleva trabajar siendo cuestionado por un sector importante de la opinión pública cuando afecta a presos de ETA?
Cuando nos tocan asuntos de especial relevancia, no nos ha quedado más remedio que ponernos en primera línea. Asumo las críticas porque quiero entender que están hechas de buena fe e intentan ser constructivas en tanto que en la sociedad existen distintas sensibilidades. Además, es muy importante respetar la libertad de prensa e información. Entra en el sueldo, aunque hay cosas que lees y escuchas en tertulias, sin demasiado fundamento, que me resultan dolorosas. Pero todo se supera.
Con la muerte de Bolinaga, el secuestrador de Ortega Lara, ¿se han acabado los reproches de aquéllos que contaban sus días de vida teniendo en cuenta que fue liberado en agosto de 2012?
Es una pregunta muy fuerte. No lo sé, pero sí le puedo decir que con este interno se ha actuado con la máxima legalidad. Fue condenado por delitos muy graves pero sufría una enfermedad incurable y muy grave, nunca se habló de que fuera terminal, que falleció por aquello que reflejaban los servicios médicos y que aparece recogido en las resoluciones judiciales. Los últimos ocho meses de vida de esta persona casi fueron una tortura física por los dolores que tenía. Es cierto que es complejo calcular el periodo vital porque la medicina no es exacta y, además, en los tratamientos médicos paliativos se pueden introducir programas experimentales que prolonguen la vida. Lo que ha ocurrido con Bolinaga es algo que el juzgado y yo, personalmente, hemos hecho siempre: si algo me inquieta es que las personas con enfermedades graves o incurables tengan la oportunidad de fallecer o recibir tratamiento fuera de la cárcel.
Para que eso sea así, ¿los juzgados de vigilancia deben ser más especialistas en personas que en leyes?
Probablemente. Y eso es la grandeza del juzgado. Un juez instructor se mueve en parámetros muy técnicos y los tribunales sentenciadores juegan con límites muy específicos. Pero el juez penitenciario ve la perspectiva del individuo de una forma más global: antecedentes personales, circunstancias familiares, laborales, sociales... No dudo que haya cierta subjetividad, pero bajo el prisma del mandato constitucional de la reinserción social o en algunos casos el respeto a la dignidad de la persona.
¿Ha recibido presiones?
Nunca.
También le critican por no excarcelar a enfermos. He leído en “Gara" que decían de usted que estaba “como una chota" por no dejar salir a un etarra con sida.
Las críticas más o menos virulentas dependen de intereses. Pero entra en el juego de tener que asumir temas muy delicados, vengan de quien vengan. No te queda otra.
¿Le da miedo equivocarse?
Sí. Nosotros trabajamos con barro y a veces apuestas por alguien y te sale mal. Intentamos en lo posible minimizar esos riesgos y tenerlos controlados. No trabajas con miedo pero es un factor a tener en cuenta porque el juez tiene que velar por el derecho del interno pero también garantizar a la sociedad que esa persona que obtiene la libertad no va a hacer daño.
¿La reinserción en época de crisis es un espejismo?
Siempre es complicada. Nosotros nos encontramos con enormes dificultades para la reinserción laboral en un país con tanto paro. No podemos ser hipócritas y la sociedad también debe colaborar con quien quiere vivir de forma honrada.
La prisión permanente revisable ¿no echa por tierra el mandato constitucional de la reinserción?
La legislación española ya contempla el cumplimiento íntegro de penas y tenemos un tope de 40 años en determinados casos. Los países como Alemania con la prisión permanente revisable ya contemplan la revisión de los 12 a los 20 años . La revisión en nuestro casos se haría entre lo 32 y los 35, con lo cual ya tenemos ahora una especie de cadena perpetua. Si me pregunta si el cumplimiento íntegro es necesario ampliarlo al margen del terrorismo y organizaciones criminales, yo creo que no. Para ciertos hechos delictivos hay que potenciar la vía tratamental y buscar mecanismos externos como es la libertad vigilada.
Hace 10 años había 600 reclusos de ETA en las cárceles y hoy 377. ¿Qué ha ocurrido?
La vieja guardia de ETA, condenada por los viejos códigos del franquismo, ha ido extinguiendo condena. Además, la derogación de la doctrina Parot supuso la liberación de unas 50 personas de esa vieja guardia con condenas elevadas, sin olvidar que la actividad de ETA ha decaído. La gran mayoría de los 377 son penados, por lo que la proporción penado-preventivo es inversa a lo que ocurría hace un década cuando penados y preventivos estaban igualados. En materia de menores, desde hace unos años apenas tenemos 'kale borroka' y se incorporó el cíber-terrorismo y el yihadismo.
¿Qué peso tiene el terrorismo yihadista en la población reclusa?
Unas 140 personas han pasado estos últimos cuatro años por nuestras cárceles. En el yihadismo, es muy importante controlar la población reclusa para evitar el proselitismo en las prisiones. No es una preocupación más allá de controlar la seguridad a través de sistemas que eviten la captación con reglas específicas para la intervención de comunicaciones, observación o seguimientos.
