El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, consiguió ayer sacar adelante en la junta de gobierno local, un mes más tarde de lo previsto, ya con informes en la mano, su proyecto para modificar las dotaciones económicas y evitar así que los casos de “transfuguismo” o el paso de ediles al grupo de no adscritos merme las arcas de los grupos. Con este movimiento, largamente deseado por Jácome desde que se desatase la crisis en el seno de su formación, podría anejar 2.800 euros más al mes en las cuentas de su partido, a la vez investigadas judicialmente por presunta malversación. Tal y como reza el acuerdo que Jácome ha conseguido sacar adelante, los miembros de cada grupo a efecto de cobrar dotaciones económicas los determinará el número de electores de la candidatura por la que fueron, y no el que tengan actualmente. Ahora mismo, DO solo tiene tres ediles, cobrando 700 euros al mes por cada uno, pero en las elecciones tuvo 7 -cuatro de los cuales son ahora no adscritos-. Con esta decisión, les computarían a efectos de cobro los siete concejales que tenían a inicio de mandato, pasando a cobrar 2.800 euros más. Y, además, sería con carácter retroactivo a 1 de enero de 2021.
En todo caso, esta resolución del gobierno local tendrá que pasar ahora por el filtro del pleno, órgano competente para la aprobación provisional de la modificación de las bases. Queda por ver la postura que adoptan PSOE y BNG en esta cuestión, ya que Ciudadanos ya mostró estar de acuerdo con esta modificación, habida cuenta de que también se vería beneficiado por su aplicación, al contar con un edil no adscrito actualmente, Laureano Bermejo.
Cabe recordar, que en el pleno ordinario del mes de junio, se votó por unanimidad la propuesta de DO y Cs que reflejaba que los grupos no deberían sufrir mermas económicas por la pérdida de ediles durante el mandato, lo cual marca un antecedente claro: todos los grupos están de acuerdo.
Criterio de la FEMP
Esta maniobra liderada por Jácome intenta adelantarse a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo criterio aboga por que se legisle de forma que sea obligatorio por ley y no requiera de acuerdos en cada municipio.
