Democracia Ourensana y PSOE cuestionaron la decisión del concejal de Urbanismo, José Cudeiro, por el coste que supone para las arcas municipales
La contratación de un bufete de abogados de Madrid para la elaboración de un dictamen jurídico que ayude a buscar soluciones urbanísticas a la orden judicial de demolición de un edificio en Marcelo Macías y a la compleja situación en la que se hallan las viviendas y aparcamientos de la Praza de San Antonio, ha generado un conflicto entre el gobierno del PP en la ciudad y los grupos de la oposición. Democracia Ourensana y PSOE cuestionaron la decisión del concejal de Urbanismo, José Cudeiro, por el coste que supone para las arcas municipales -19.965 euros- y por tratarse de un bufete "afín" al edil del PP ya que defendió a su hija en un pleito con los cines del Ponte Vella.
En un comunicado, el líder de DO, Pérez Jácome, entiende que el informe podía haber sido realizado por los técnicos de Urbanismo (que cobran unos 500.000 euros al año, dice) y llama la atención que el PP haga ahora lo mismo que criticó al PSOE.
Para este último grupo municipal resulta llamativo el importe de la minuta, justo "para evitar un concurso público", y que no se tengan en cuenta los dictámenes ya existentes de los técnicos locales y del equipo redactor del PXOM.
José Cudeiro negó que el bufete, Asesores Urbanistas y Territoriales Jiménez de Cisneros, sea afín a él o al PP, más bien es al PSOE, asegura, porque la esposa del responsable fue directora general de Costas con el Gobierno e Rodríguez Xapatero. En todo caso, señaló que el informe lo solicitó después de que técnicos municipales aconsejaran una asesoría externa; él eligió a Jiménez de Cisneros porque es "un catedrático de Derecho Administrativo de gran prestigio", y conocedor de la legislación urbanística pues participó en la actual Lei do Solo de Galicia y llevó pleitos de este tipo que acabaron fallándose a favor de los ciudadanos. Y señala que su dictamen puede ser viable para resolver estos conflictos.
