Hasta Asuntos Internos reparó en la información concreta y detallada que ofrecía de algunos policías
El anónimo que recibió el 11 de noviembre de 2014 Asuntos Internos, del que se autoinculpó el agente Celso Blanco antes de suicidarse el domingo, ofrecía información muy pormenorizada sobre funcionarios del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) así como operaciones desarrolladas por ellos. Hasta el punto de que la unidad de Asuntos Internos así lo reflejó en sus informes para argumentar la investigación que desembocó en la operación Zamburiña, con varios narcos y cuatro policías investigados. "Ya en un primer momento resultaba llamativo que la información era bastante detallada, revelando hechos concretos y ofreciendo bastantes detalles", recoge textualmente Asuntos Internos en sus informes remitidos al juzgado para justificar las intervenciones telefónicas a siete agentes del GOR y al encargado del armero.
Por la complejidad de la trama urdida con el robo de armas y los anónimos, algunos compañeros de la víctima dudan de que detrás estuviera únicamente el agente fallecido, por su incapacidad material para recopilar tantos datos y "fabricar" ad hoc pruebas incriminatorias. Así, por ejemplo, para inculpar en una supuesta revelación de secretos a Antonio R.F., uno de los principales damnificados por la investigación de Asuntos Internos en el marco de la operación Zamburiña, el autor del anónimo señala al inspector, asegurando que consulta las bases de datos de la aplicación del DNI para obtener fotos de policías que después pasa a los traficantes de droga para que sepan quienes les siguen los pasos, y que también facilita listados con matrículas de coches particulares de agentes. Para ello, adjunta al correo electrónico una fotografía de una de esas fichas, añadiendo que ha sido entregada "a un conocido traficante de la ciudad" (prueba falsa).
Por esta razón hay compañeros que dicen tener claro que "hay más personas implicadas". No así detrás del robo de armas. Celso Blanco, en su condición de instructor de tiro, tenía fácil acceso a las mismas. Sin olvidar el deficiente control del armero: el juez concluyó que la sustracción de cuatro pistolas y dos revólveres se perpetró en verano de 2014 y no en dos momentos diferentes, tal como denunció la comisaría (agosto 2014 y febrero de 2015).
Tanto en fuentes de la investigación, asumida por la UDEV, como en mandos policiales no se descarta la posibilidad de un cómplice, pero insisten en que "no hay nada que lo acredite a día de hoy", a expensas del análisis del disco duro del ordenador utilizado por el agente que se autoinculpó y su teléfono móvil.
Piden la nulidad de la operación Zamburiña
El esclarecimiento del robo de armas y la autoría del anónimo que dio pie a la operación Zamburiña abre un interrogante sobre cómo afectará al sumario en torno a esta última trama, con 15 investigados, entre ellos cuatro policías a los que Asuntos Internos acusaba, en un principio, de un sinfín de delitos, muchos de los cuales cayeron por el camino. De hechos, cuando solicitaron los pinchazos telefónicos hablaban de seis: tráfico de estupefacientes, tráfico ilegal de armas, revelación de secretos, coacciones, cohecho y malversación.
Los funcionarios de la unidad de Asuntos Internos desplazados a Ourense argumentaron las escuchas telefónicas en un informador que, tal como ha quedado demostrado, también había delinquido: robó seis armas, inculpando falsamente a dos compañeros -Antonio R.F. y el responsable del armero, Ernesto A.V.- amén de otras manifestaciones injuriosas.
El juez del caso envió los 14 tomos de las diligencias al reparto por considerar que no le compete su incoación. Inició la causa el 5 de septiembre de 2014 por un robo de armas que alimentó después con las acusaciones del anónimo. Optó por segregar las drogas de las pistolas al determinar que los imputados por la Zamburiña nada tenían que ver con el robo de las armas. Las defensas de los principales inculpado ya han planteado cuestiones de nulidad en base la forma en que se tramitó la causa.
