Las autovías portuguesas hasta ahora gratuitas, denominadas SCUT, la A-27 (Ponte de Lima-Viana do Castelo), A-28 (Viana do Castelo-Oporto), A-41 y A-42, que unen Felgueiras, Guimaräes, Braga, Santo Tirso, Póvoa de Varzim, Maia y Vila do Conde con Oporto, serán a partir de hoy de pago.
El Gobierno portugués decidió instalar en todos los viales, exceptuando la A-24 (Feces de Abaixo-Figueira da Foz), un sistema de telepago, que obliga a los conductores a comprar un dispositivo electrónico y colocarlo en una zona visible en el interior del coche si no quieren ser multados.
La media afecta a numerosos ourensanos que diariamente se desplazan al país vecino, a través del paso fronterizo de Tui (Pontevedra), para realizar compras, transportar mercancías o simplemente hacer turismo. Los conductores que a partir de hoy circulen por los citados viales serán multados por la Brigada de Tránsito, equivalente en España a la Guardia Civil de Tráfico, con 80 euros, además de verse obligados a adquirir el aparato electrónico, que cuesta entre 50 y 100 euros, dependiendo del tamaño del vehículo.
El Ministerio de Obras Públicas portugués advertía ayer en su pagina web a todos los conductores de coches con matrícula extranjera 'están obligados' a la utilización del dispositivo electrónico. El organismo oficial recomendaba a los conductores que se desplacen temporalmente al país vecino un sistema de recarga, tipo tarjeta de crédito, con un saldo superior a 50 euros. Este dispositivo permitiría tener siempre localizado el vehículo y descontar el peaje.
En caso de permanecer mucho tiempo en Portugal (medio año o más), el Ministerio de Obras Públicas recomienda contratar un sistema de pago automático, con el que el peaje le sería cargado en su cuenta bancaria, que tendría que abrir en una entidad financiera portuguesa. Los dispositivos, según dio a conocer el organismo, se pueden adquirir en estaciones de servicios y entidades bancarias.
RETICENCIAS EUROPEAS
La Dirección General de Transportes (DGT) de la Comisión Europea acordaba ayer incoar un expediente al Gobierno portugués alegando que la implantación de la tasa en las autovías gratuitas vulnera el tratado europeo, firmado por el país vecino, sobre la libre circulación de vehículos y el transporte de mercancías por carretera.
La CE considera que el peaje supondrá dar distinto trato a ciudadanos de distintos países comunitarios. Según la comunicación enviada a la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), que fue la autora de la pregunta a Bruselas, el húngaro Rudolf Koranthali, miembro de la DGT de la Comisión Europea, considera que hay indicios suficientes de que Portugal no ha traspuesto correctamente una directiva europea. Según la nota, Lisboa, con su decisión de colocar peajes, podría conculcar el artículo 3 del Tratado de la Comunidad Europea, , sobre la supresión de obstáculos a la libre circulación entre los ciudadanos y mercancías de los países miembros, al obstaculizar el comercio intracomunitario.
Además, según el responsable europeo, podría suponer la discriminación a las matrículas extranjeras al aplicarle el sistema único de abono mediante un dispositivo electrónico, que podría ser contrario al artículo 7 del Tratado que prohíbe discriminación por nacionalidad.
El presidente de la CEP, José Manuel Fernández Alvariño, recibió con satisfacción la decisión de Bruselas 'que supone un respaldo total a nuestro punto de vista', señaló.
La media afecta a numerosos ourensanos que diariamente se desplazan al país vecino, a través del paso fronterizo de Tui (Pontevedra), para realizar compras, transportar mercancías o simplemente hacer turismo. Los conductores que a partir de hoy circulen por los citados viales serán multados por la Brigada de Tránsito, equivalente en España a la Guardia Civil de Tráfico, con 80 euros, además de verse obligados a adquirir el aparato electrónico, que cuesta entre 50 y 100 euros, dependiendo del tamaño del vehículo.
El Ministerio de Obras Públicas portugués advertía ayer en su pagina web a todos los conductores de coches con matrícula extranjera 'están obligados' a la utilización del dispositivo electrónico. El organismo oficial recomendaba a los conductores que se desplacen temporalmente al país vecino un sistema de recarga, tipo tarjeta de crédito, con un saldo superior a 50 euros. Este dispositivo permitiría tener siempre localizado el vehículo y descontar el peaje.
En caso de permanecer mucho tiempo en Portugal (medio año o más), el Ministerio de Obras Públicas recomienda contratar un sistema de pago automático, con el que el peaje le sería cargado en su cuenta bancaria, que tendría que abrir en una entidad financiera portuguesa. Los dispositivos, según dio a conocer el organismo, se pueden adquirir en estaciones de servicios y entidades bancarias.
RETICENCIAS EUROPEAS
La Dirección General de Transportes (DGT) de la Comisión Europea acordaba ayer incoar un expediente al Gobierno portugués alegando que la implantación de la tasa en las autovías gratuitas vulnera el tratado europeo, firmado por el país vecino, sobre la libre circulación de vehículos y el transporte de mercancías por carretera.
La CE considera que el peaje supondrá dar distinto trato a ciudadanos de distintos países comunitarios. Según la comunicación enviada a la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), que fue la autora de la pregunta a Bruselas, el húngaro Rudolf Koranthali, miembro de la DGT de la Comisión Europea, considera que hay indicios suficientes de que Portugal no ha traspuesto correctamente una directiva europea. Según la nota, Lisboa, con su decisión de colocar peajes, podría conculcar el artículo 3 del Tratado de la Comunidad Europea, , sobre la supresión de obstáculos a la libre circulación entre los ciudadanos y mercancías de los países miembros, al obstaculizar el comercio intracomunitario.
Además, según el responsable europeo, podría suponer la discriminación a las matrículas extranjeras al aplicarle el sistema único de abono mediante un dispositivo electrónico, que podría ser contrario al artículo 7 del Tratado que prohíbe discriminación por nacionalidad.
El presidente de la CEP, José Manuel Fernández Alvariño, recibió con satisfacción la decisión de Bruselas 'que supone un respaldo total a nuestro punto de vista', señaló.
