La decisión del principal grupo de la oposición desbloquea la ejecución de obras y gastos por más de 19 millones
Ourense
Pleno Concello
La esperada abstención del PP permitirá al gobierno socialista disponer de casi 12,9 millones de euros para amortizar deuda, otros 716.000 para pagar a proveedores y algo más de 5,5 millones más para ejecutar un Plan de inversiones en el que 4,4 millones de euros servirán para la mejora de calles y aceras en todo el término municipal. Así, el cambio de voto popular, en aras a atender las demandas de los vecinos y el interés general de la ciudad, y"por responsabilidad -según argumentó la edil Beatriz Tejada-", desbloqueó en parte la delicada situación económica del Concello, pese al rechazo de BNG y DO, minoritarios en estos casos.
Se producía este "acuerdo" en el pleno municipal de ayer, en una sesión al final bronca y conflictiva, que volvió a llevar a agentes de la Policía Local al salón de plenos, para desalojar al portavoz de DO, Pérez Jácome, y que arrojó dudas sobre el futuro del centro de salud de O Couto o sobre la celebración del Día da Bici.
Antes, el PP ofrecía ese balón de oxígeno al grupo de gobierno, aunque no exento de duras críticas a la gestión económica socialista y a otra modificación de crédito, la cuarta, que en este caso quedó sobre la mesa porque sobre ella pesa un expediente de caducidad que obligará a reiniciar el procedimiento; es la que pretendía dotar de 500.000 euros más las expropiaciones de As Burgas.
El regidor, Agustín Fernández, cerró el debate de estos puntos mostrando su mayor distancia con el BNG, al que acusó de "incoherencia" por llevar a pleno mociones que demandan mejoras en barrios y en el perímetro rural -un ejemplo sería en esta misma sesión la propuesta de reforma del saneamiento en Velle- pero no facilitan la aprobación de las modificaciones de crédito que las dotan de presupuesto. Antes, el portavoz socialista, José Angel Vázquez Barquero, destacaba la obligación legal de amortizar deuda y pagar a los acreedores pero también las 80 obras que se harán en los barrios, que para Tejada son "bienvenidas" aunque se producen, puntualizó, por puro "electoralismo".
Por el BNG, Susana García justificó el rechazo en los reiterados incumplimientos del gobierno local -techo de gasto, presupuestos, liquidación de la cuenta general, .. -, mientras Susana Gómez, de DO, arremetía, además, contra el PP, al que acusó de "venderse". Xosé Somoza, portavoz nacionalista, añadiría que la abstención popular no se producía por el interés ciudadano, sino de las grandes constructoras.
No prosperó, sin embargo, la aprobación de otra operación para las expropiaciones de As Burgas. La concejala popular Mónica Mourelo planteó que el asunto quedase sobre la mesa, y así fue, después de un debate con insinuaciones sobre la identidad de la persona "interesada" que hizo llegar a manos de la oposición un escrito advirtiendo de la caducidad del expediente y del silencio de la edil de Urbanismo, Aurea Soto, al respecto. No fueron suficientes los argumentos de Vázquez Barquero, que elogiaba el uso del interés general en el Plan de inversiones frente a la utilización del "interese particular" en este caso, pese a la "situación esperpéntica de As Burgas".Al final, el portavoz municipal del PP, Rosendo Fernández, no quiso asumir riesgos aprobando la modificación y declaró -también en otros puntos de la sesión- que, en definitiva, "somos nós os que sacamos as castañas do lume, é o PP o que goberna a cidade".
El caso Gago, ni a la tercera
La de ayer fue la tercera vez que, nuevamente sin éxito, el gobierno local intentó -de nuevo con ausencia del alcalde y de Soto, al estar recusados por el funcionario- recurrir la sentencia que le dio la compatibilidad al asesor jurídico adjunto, Javier García Gago y revisar de oficio esa medida de gracia; se votaron, eso sí, en lugar de dejarlos sobre la mesa, como en anteriores plenos, porque el secretario dijo que no se podía evitar por más tiempo la votación. El propio técnico aclaró después que su compatibilidad sigue vigente porque la sentencia se la otorga indefinidamente, mientras no se anule la resolución judicial.
