El portavoz municipal del Partido Popular en Ourense, Rosendo Fernández, ha denunciado hoy que el gobierno local ha abonado facturas por valor de 1.386.282,39 euros en concepto de servicios de limpieza a PAU S.A. (del grupo Vendex) sin que exista contrato.
Fernández expuso que 'desde el 13 de mayo de 2011', fecha en la que según el PP concluyó el contrato entre el ayuntamiento y la empresa, se han pagado 'a Vendex facturas con reparos de Intervención por valor de 1.386.282,39 euros'.
Aseguró, por lo tanto, que este servicio se está desarrollando de una manera 'irregular' desde el punto de vista de la 'gestión de fondos públicos' al haber expirado la vigencia del contrato.
Puntualizó, además, que no se contemplaba ninguna prórroga tácita del mismo.
'Tras 21 meses y 2 alcaldes no se ha podido regularizar la situación', sentenció Fernández, en alusión al dimitido Francisco Rodríguez y a su sucesor. Resumió a este respecto los intentos 'fallidos' de resolver el concurso del servicio.
'A principios de 2012 se sacó a concurso el servicio por un importe de 814.319,04 euros al año', apuntó. Pero en marzo 'se estimó un recurso de reposición' por parte de PAU S.A. amparado en 'insuficiencias presupuestarias y por omisión de los locales que habría que limpiar'.
Fernández mantuvo que 'durante seis meses no se hizo nada al respecto' y que en septiembre de 2012 se inició un nuevo proceso al que se presentaron 13 empresas.
Pero a día de hoy 'aún está sin adjudicación definitiva', señaló al mismo tiempo que se preguntaba el porqué de la demora. 'Dos meses son suficientes para resolver este concurso', precisó.
Este modo de operar supone un 'fraude de ley en la relación que existe con la empresa', explicó Fernández, y aseguró que puede significar también un 'trato de favor hacia la empresa y discriminación a otras, muchas de ellas de Ourense'.
Reprochó también que el actual alcalde, Agustín Fernández, 'haya adoptado esta forma de actuar como algo rutinario y habitual dentro de su gestión'. Apuntó también que desde que tomó posesión del cargo el pasado 10 de octubre 'las facturas reparadas suman un total de 351.977,99 euros'.
Fernández concluyó que 'este gobierno local es un auténtico caos en su gestión' y destacó el 'creciente descontento entre las empresas del sector', además de la 'manifiesta irregularidad administrativa' que supondrían los hechos.
Aseguró, por lo tanto, que este servicio se está desarrollando de una manera 'irregular' desde el punto de vista de la 'gestión de fondos públicos' al haber expirado la vigencia del contrato.
Puntualizó, además, que no se contemplaba ninguna prórroga tácita del mismo.
'Tras 21 meses y 2 alcaldes no se ha podido regularizar la situación', sentenció Fernández, en alusión al dimitido Francisco Rodríguez y a su sucesor. Resumió a este respecto los intentos 'fallidos' de resolver el concurso del servicio.
'A principios de 2012 se sacó a concurso el servicio por un importe de 814.319,04 euros al año', apuntó. Pero en marzo 'se estimó un recurso de reposición' por parte de PAU S.A. amparado en 'insuficiencias presupuestarias y por omisión de los locales que habría que limpiar'.
Fernández mantuvo que 'durante seis meses no se hizo nada al respecto' y que en septiembre de 2012 se inició un nuevo proceso al que se presentaron 13 empresas.
Pero a día de hoy 'aún está sin adjudicación definitiva', señaló al mismo tiempo que se preguntaba el porqué de la demora. 'Dos meses son suficientes para resolver este concurso', precisó.
Este modo de operar supone un 'fraude de ley en la relación que existe con la empresa', explicó Fernández, y aseguró que puede significar también un 'trato de favor hacia la empresa y discriminación a otras, muchas de ellas de Ourense'.
Reprochó también que el actual alcalde, Agustín Fernández, 'haya adoptado esta forma de actuar como algo rutinario y habitual dentro de su gestión'. Apuntó también que desde que tomó posesión del cargo el pasado 10 de octubre 'las facturas reparadas suman un total de 351.977,99 euros'.
Fernández concluyó que 'este gobierno local es un auténtico caos en su gestión' y destacó el 'creciente descontento entre las empresas del sector', además de la 'manifiesta irregularidad administrativa' que supondrían los hechos.
