Los políticos que dirigieron la Diputación durante la gestión de los proyectos Daredo y Deputrans (la instalación de 104 microdepuradoras en los concellos), básicamente José Luis Baltar (presidente) y Rogelio Martínez (vicepresidente), nunca dieron instrucciones ni recomendaciones ni tampoco hicieron insinuaciones a los técnicos para que estableciesen 'condicións determinadas que viñesen predeterminar ou favorecer a adxudicación dos contratos cara algunha empresa determinada', como sostiene la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que reclama a la institución provincial la devolución de 10,2 millones de euros por el
Los políticos que dirigieron la Diputación durante la gestión de los proyectos Daredo y Deputrans (la instalación de 104 microdepuradoras en los concellos), básicamente José Luis Baltar (presidente) y Rogelio Martínez (vicepresidente), nunca dieron instrucciones ni recomendaciones ni tampoco hicieron insinuaciones a los técnicos para que estableciesen 'condicións determinadas que viñesen predeterminar ou favorecer a adxudicación dos contratos cara algunha empresa determinada', como sostiene la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que reclama a la institución provincial la devolución de 10,2 millones de euros por el uso indebido de los fondos con los que ayudó a ese proyecto.
Esa exculpación política encabeza las conclusiones de la comisión informativa especial impulsada por el PP para clarificar y dirimir responsables en la gestión irregular de aquellos proyectos europeos. Una comisión a la que se negaron a acudir socialistas y nacionalistas porque este asunto ya ha sido denunciado por ambos en los tribunales.
Los miembros de la comisión, todos populares (el día de la constitución acudieron Rosendo Fernández, como presidente, y Plácido Alvarez) y con el asesor jurídico de la Diputación, José Galindo, como secretario, descartan la participación y la dirección política en esa gestión hasta en tres de los siete puntos en los que resumen su 'investigación'. Y aseguran que la intervención de los técnicos siguió 'exclusivamente criterios e normas técnico-xurídicas'. Concluyen, por tanto, que tampoco hubo mala gestión ni fraude por parte de los funcionarios, atribuyendo la millonaria reclamación de la OLAF a una mera 'discrepancia profunda' sobre un expediente administrativo, basada en criterios técnicos distintos, 'incluso discrepancia en canto a requisitos e trámites administrativos'. Tampoco recibieron, ni unos ni otros, dice el documento, directrices o presiones por parte de 'algunha empresa concreta', en referencia a la que obtuvo el contrato de las microdepuradoras, cuya adjudicación la Oficina ve irregular.
Esa exculpación política encabeza las conclusiones de la comisión informativa especial impulsada por el PP para clarificar y dirimir responsables en la gestión irregular de aquellos proyectos europeos. Una comisión a la que se negaron a acudir socialistas y nacionalistas porque este asunto ya ha sido denunciado por ambos en los tribunales.
Los miembros de la comisión, todos populares (el día de la constitución acudieron Rosendo Fernández, como presidente, y Plácido Alvarez) y con el asesor jurídico de la Diputación, José Galindo, como secretario, descartan la participación y la dirección política en esa gestión hasta en tres de los siete puntos en los que resumen su 'investigación'. Y aseguran que la intervención de los técnicos siguió 'exclusivamente criterios e normas técnico-xurídicas'. Concluyen, por tanto, que tampoco hubo mala gestión ni fraude por parte de los funcionarios, atribuyendo la millonaria reclamación de la OLAF a una mera 'discrepancia profunda' sobre un expediente administrativo, basada en criterios técnicos distintos, 'incluso discrepancia en canto a requisitos e trámites administrativos'. Tampoco recibieron, ni unos ni otros, dice el documento, directrices o presiones por parte de 'algunha empresa concreta', en referencia a la que obtuvo el contrato de las microdepuradoras, cuya adjudicación la Oficina ve irregular.
