Las consecuencias de la frustrada moción de censura de junio de 2008 contra el alcalde de Calvos de Randín, Aquilino Valencia, siguen coleando.
Ese fue el punto de partida de una enemistad que fue posicionando a los ediles de uno y otro bando y que incluso tuvo ramificaciones a nivel judicial. Ayer se sentaron en el banquillo del Juzgado de lo Penal 1 de Ourense el mandatario local y otros tres ediles de su grupo de gobierno (PSOE): Aquilino Valencia, Cesáreo González Veloso, Hortensio Quintairós Pousa y José Luis González Fernández, todos ellos acusados de prevaricación por el hoy portavoz del PP y exedil socialista, José Manuel Andrade, por haber aprobado el presupuesto de 2009 en junta de gobierno, órgano que no está facultado ya que debe ser el pleno de la Corporación. El Juzgado de lo Contencioso ya se pronunció sobre este asunto y los anuló tiempo después, volviéndose a ratificar pero en pleno -el alcalde ya tenía mayoría absoluta cuando esto sucedió-.
La querella, presentada por Andrade cuando militaba en el grupo de no adscritos tras abandonar el PSOE, reclama un pena de nueve años de inhabilitación para cada uno de los imputados. El ministerio fiscal, por su parte, pidió la absolución en tanto que considera que este tema no debe ser dilucidado en la vía penal.
El regidor, quien entonces gobernaba en minoría, aseguró ayer que desconocía que la junta de gobierno no estuviera facultada para aprobar la cuenta pública, insistiendo en que en aquel entonces (27 de octubre de 2009) urgía sacarla adelante porque peligraba la obtención de una subvención para mejora del alumbrado público, máxime cuando estaban funcionando con un presupuesto prorrogado que limitaba la capacidad inversora del ente local. El resto de los acusados también suscribió este mismo posicionamiento.
No así la entonces secretaria-interventora del Concello, Marta Izquierdo, quien declaró que se lo había advertido verbalmente así como en un informe de 23 de octubre en el que daba contestación a las alegaciones de la oposición sobre esa ilícita pretensión, pero que el alcalde se negó a firmar. 'Sí sabía que era ilegal la aprobación por parte de la junta de gobierno porque se lo dije en reiteradas ocasiones (...), se lo expliqué mil veces', aseveró ayer, llegando a concluir que 'en el mes de octubre no hablamos de otra cosa en el Concello'.
La defensa de los inculpados intentó desacreditar la versión de la funcionaria en tanto que, según dijo el letrado, no mantenía una buena relación con el alcalde. Ella reconoció ayer que discutían en ocasiones pero que no tenía interés en querer perjudicarlo. Valencia había manifestado previamente que la secretaria en su intento de 'puentearlo' se extralimitaba en sus atribuciones.
CONCLUSIONES
En las conclusiones definitivas, el letrado de la acusación particular reclamó una sentencia condenatoria invocando en varias ocasiones a la Audiencia de Ourense en relación a la condena por prevaricación del exalcalde de Punxín Alfredo Cruz por el despido de una limpiadora.
Por su parte, la fiscal considera que el derecho penal exige dos principios fundamentales que no se dan en este caso en concreto: proporcionalidad e intervención mínima. Da por verosímiles las declaraciones de los acusados conforme a que desconocían la ilegalidad de la aprobación.
Por último, la defensa de los encausados atribuyó la querella 'al capricho personal de un concejal movido por cuestiones políticas'.
La querella, presentada por Andrade cuando militaba en el grupo de no adscritos tras abandonar el PSOE, reclama un pena de nueve años de inhabilitación para cada uno de los imputados. El ministerio fiscal, por su parte, pidió la absolución en tanto que considera que este tema no debe ser dilucidado en la vía penal.
El regidor, quien entonces gobernaba en minoría, aseguró ayer que desconocía que la junta de gobierno no estuviera facultada para aprobar la cuenta pública, insistiendo en que en aquel entonces (27 de octubre de 2009) urgía sacarla adelante porque peligraba la obtención de una subvención para mejora del alumbrado público, máxime cuando estaban funcionando con un presupuesto prorrogado que limitaba la capacidad inversora del ente local. El resto de los acusados también suscribió este mismo posicionamiento.
No así la entonces secretaria-interventora del Concello, Marta Izquierdo, quien declaró que se lo había advertido verbalmente así como en un informe de 23 de octubre en el que daba contestación a las alegaciones de la oposición sobre esa ilícita pretensión, pero que el alcalde se negó a firmar. 'Sí sabía que era ilegal la aprobación por parte de la junta de gobierno porque se lo dije en reiteradas ocasiones (...), se lo expliqué mil veces', aseveró ayer, llegando a concluir que 'en el mes de octubre no hablamos de otra cosa en el Concello'.
La defensa de los inculpados intentó desacreditar la versión de la funcionaria en tanto que, según dijo el letrado, no mantenía una buena relación con el alcalde. Ella reconoció ayer que discutían en ocasiones pero que no tenía interés en querer perjudicarlo. Valencia había manifestado previamente que la secretaria en su intento de 'puentearlo' se extralimitaba en sus atribuciones.
CONCLUSIONES
En las conclusiones definitivas, el letrado de la acusación particular reclamó una sentencia condenatoria invocando en varias ocasiones a la Audiencia de Ourense en relación a la condena por prevaricación del exalcalde de Punxín Alfredo Cruz por el despido de una limpiadora.
Por su parte, la fiscal considera que el derecho penal exige dos principios fundamentales que no se dan en este caso en concreto: proporcionalidad e intervención mínima. Da por verosímiles las declaraciones de los acusados conforme a que desconocían la ilegalidad de la aprobación.
Por último, la defensa de los encausados atribuyó la querella 'al capricho personal de un concejal movido por cuestiones políticas'.
