Una procuradora fue juzgada ayer en el Penal número 1 de Ourense acusada de un presunto delito de falsedad en documento oficial.
La fiscal atribuye este delito a Sandra P.A. en relación a un documento presentado por ella en noviembre de 2005 ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ourense. Se trataba de la documentación necesaria para incoar un expediente de dominio en el que se reconociese la titularidad de sus representados sobre una finca.
La acusación pública sostiene que durante la tramitación del procedimiento civil, la acusada, supuestamente de forma deliberada y consciente y con el fin de ocultar su falta de celo profesional, decidió, presuntamente, confeccionar un documento que contuviese una resolución judicial de reconocimiento de titularidad de la finca a favor de sus representados. Asegura la fiscal que, para ello, la mujer utilizó la cabecera de un edicto e incorporó el contenido de un auto en el que sustituyó el nombre de los titulares por los de sus clientes, así como el nombre de la finca, enviándola después a un abogado y tratando de crear una apariencia de legitimidad.
Por estos hechos, la fiscal reclama para la acusada una pena de seis meses de prisión y una multa de 900 euros como presunta autora de un delito de falsificación de documento oficial.
La acusación pública sostiene que durante la tramitación del procedimiento civil, la acusada, supuestamente de forma deliberada y consciente y con el fin de ocultar su falta de celo profesional, decidió, presuntamente, confeccionar un documento que contuviese una resolución judicial de reconocimiento de titularidad de la finca a favor de sus representados. Asegura la fiscal que, para ello, la mujer utilizó la cabecera de un edicto e incorporó el contenido de un auto en el que sustituyó el nombre de los titulares por los de sus clientes, así como el nombre de la finca, enviándola después a un abogado y tratando de crear una apariencia de legitimidad.
Por estos hechos, la fiscal reclama para la acusada una pena de seis meses de prisión y una multa de 900 euros como presunta autora de un delito de falsificación de documento oficial.
