El barrio de O Polvorín contará con un nuevo puente (cifrado en tres millones de euros) para dar acceso al desarrollo urbanístico previsto en la zona. La Junta de gobierno aprobó que su construcción la acometerá la empresa que construya las más de 300 viviendas previstas en la zona, previo depósito de una fianza de 1,7 millones de euros.
El desarrollo urbanístico del área de reparto discontinua AR 20-O (en O Polvorín, con zonas de A Farixa) contará con un nuevo puente que servirá de acceso para las cerca de 300 viviendas allí proyectadas. Así se aprobó ayer en Junta de gobierno, previo informe de la Concejalía de Infraestructuras. El proyecto, actualmente en fase de exposición pública, será adjudicado en un plazo de un mes.
La urbanización, cifrada en 4,5 millones de euros, estará supeditada a la construcción de este nuevo puente, en un plazo de año y medio y cuyo coste será asumido por la empresa constructora, por un importe cercano a los tres millones de euros. Asimismo, el Concello de Ourense ha estipulado que la empresa debe depositar una fianza de 1,7 millones de euros para certificar que, en efecto, acometerá este acceso, no contemplado en el Plan Xeral y que requirió una modificación puntual del mismo en el pleno municipal de mayo de 2006.
En aquella misma sesión se fijaba el coste de esta infraestructura a cargo de fondos públicos (fruto de las cesiones urbanísticas del 10 por ciento, según recuerda el portavoz del PP, Enrique Nóvoa). Con el acuerdo de ayer, la Concejalía de Infraestructuras desestimó este acuerdo y fijó a la empresa constructura adjudicataria como la responsable de su financiación.
La urbanización, cifrada en 4,5 millones de euros, estará supeditada a la construcción de este nuevo puente, en un plazo de año y medio y cuyo coste será asumido por la empresa constructora, por un importe cercano a los tres millones de euros. Asimismo, el Concello de Ourense ha estipulado que la empresa debe depositar una fianza de 1,7 millones de euros para certificar que, en efecto, acometerá este acceso, no contemplado en el Plan Xeral y que requirió una modificación puntual del mismo en el pleno municipal de mayo de 2006.
En aquella misma sesión se fijaba el coste de esta infraestructura a cargo de fondos públicos (fruto de las cesiones urbanísticas del 10 por ciento, según recuerda el portavoz del PP, Enrique Nóvoa). Con el acuerdo de ayer, la Concejalía de Infraestructuras desestimó este acuerdo y fijó a la empresa constructura adjudicataria como la responsable de su financiación.
