La Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) pide la construcción de Viviendas de Protección Autonómica (VPA) en la finca Santamariña, actualmente sin uso inmobiliario. “La edificabilidad que existe en la finca Santamariña debe ser destinada a viviendas VPA en sus tres vertientes: régimen especial, régimen general y régimen concertado”, aseguró el presidente de la entidad, Benito Iglesias, quien además destacó que “el formato jurídico de las cooperativas de viviendas para abaratar costes y competir con los grandes fondos de inversión es el instrumento idóneo para dotar a nuestros jóvenes y a las familias ourensanas con rentas medio-bajas y rentas bajas de una vivienda en propiedad”.
El titular de la Federación destaca también la importancia que tendría para la ciudad la adopción definitiva de un PXOM, y cifra en 4.000 los puestos de trabajo que le costó al concello la falta de un plan urbanístico a lo largo de los últimos años “Lamina y ahuyenta cualquier inversión al no existir nuevo suelo comercial e industrial, y deslocaliza inversiones y creación de empresas en beneficio de otras provincias o ciudades, como Vigo, e incluso al norte de Portugal”, valoró.
Iglesias subraya los principales problemas a los que se enfrenta la provincia, como el envejecimiento de la población o las bajas pensiones que se perciben -las de menor cuantía de todo el país-, y concluye que ante esta realidad, “la política de vivienda local transita por la aprobación definitiva de un plan general y por la promoción de viviendas de protección oficial de calidad, y el formato adecuado para ello son las cooperativas de viviendas de VPA, al igual que en el resto de España”.
Para el nuevo plan de urbanismo, cuando llegue a aprobarse, piden que cumpla todos los requisitos legales para evitar contratiempos jurídicos. “Desde Fegein manifestamos que un PXOM sin exposición pública es inadmisible e inaceptable. Si así se hiciera sería una decisión irresponsable por cuánto aventura una nulidad posterior de planeamientos urbanísticos que derivaría en indemnizaciones millonarias a múltiples perjudicados, a repercutir como siempre entre los contribuyentes ourensanos”, destacó Iglesias.
