Ante la aparición de informes, relativos a pacientes, esparcidos por el suelo de un edificio en ruinas del Hospital Psiquiátrico de Toén, la Agencia Española de Protección de Datos se muestra preocupada ante la gravedad de esos hechos. Incluso se muestra interesada en investigar el escándalo. El Sergas, en cambio, resta importancia a los documentos.
¿Documentación de pacientes abandonada en un edificio en ruinas, entre escombros? ¿Informes esparcidos por el suelo? ¿Datos relativos a la salud de personas, accesibles para cualquiera? Eso es un hecho gravísimo, señala una portavoz de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), tras conocer en qué contexto de abandono el Servicio Galego de Saúde (Sergas) mantenía información relativa a pacientes del Hospital Psiquiátrico Cabaleiro Goás, en Toén.
Los informes de los pacientes, redactados en 1973 bajo la cobertura del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica (PANAP), institución franquista que en esos tiempo auspiciaba al Hospital, recogen apuntes relativos a su comportamiento social, su ánimo, aseo, agitaciones, medicación, entretenimientos, nivel de peligrosidad e incluso hábitos religiosos. Me parece un asunto lo suficientemente grave como para que se ponga el material fotográfico, reproducido ayer por este periódico, y que demuestra la vulneración de la protección de datos, en conocimiento de la Agencia. Y que ésta actúe como corresponda, señala su portavoz.
La escombrera que alberga el sótano del viejo edificio administrativo, demuestra que hay unas medidas de seguridad que se tienen que cumplir a rajatabla, y no se cumplieron. La información sensible sobre los pacientes sólo puede estar al alcance del personal sanitario. Y siempre y cuando eso esté entre sus funciones.
Es que estamos ante datos de salud, datos referentes a comportamientos religiosos. Por favor, se escandaliza la portavoz de la Agencia. Nunca jamás en la vida deberían haber aparecido esos papeles en un edificio abandonado. Aunque esté dentro del recinto hospitalario, hay que adoptar las medidas de seguridad pertinentes. Eso no se puede consentir. Da lo mismo que se trate de datos del año 1973: son datos personales igualmente. Otra cosa sería que hubiesen aparecido en 1973, cuando no había una Ley de Protección de Datos. Pero ahora la hay.
La AEPD lo tiene claro. La Xunta de Galicia no tanto. Lejos de admitir los hechos y su trascendencia, y anunciar que pondrá las medidas precisas para que no se repitan, el Sergas negaba lo que fotografías parecían demostrar. Es decir, que han sobrevivido al paso de tres décadas papeles del Hospital con información que atañe a la salud de sus pacientes.
En un comunicado, Sanidade asegura que en el sótano hay antiguas revistas, boletines oficiales y anotaciones manuscritas de difícil identificación, que en ningún caso pueden ser consideradas, pese a su antigüedad, expedientes médicos o documentos oficiales. Sin embargo, en los documentos se identifican perfectamente nombre y apellidos del paciente, del doctor que lo trataba y del enfermero que lo observaba.
El Sergas sostiene que la puerta del sótano estaba excepcionalmente abierta porque así lo requirió la Guardia Civil, que buscaba a la joven Laura Alonso, posteriormente aparecida muerta. En las dos semanas que han transcurrido desde entonces, nadie procedió a cerrar de nuevo la puerta y así preservar la intimidad de los pacientes.
La Xunta admite el mal estado del recinto
El Sergas admite que pese a la alta calidad clínico asistencial y óptima dotación de personal, ni el emplazamiento ni la antigüedad y dificultades de conservación del Hospital parecen en la actualidad la situación ideal. El comunicado emitido por el Sergas, para responder a la información aportada por este periódico ayer, sostiene, entre otras afirmaciones, que a día en el recinto solamente resta documentación administrativa pasiva y sin carácter personal. La fotografía que ilustra esta página evidencia que se consignan datos relativos a un paciente, como el nombre (que en el documento fue eliminado para garantizar la confidencialidad del enfermo) o los hábitos sociales. El comunicado afirma, asimismo, que el recinto hospitalario, de dos hectáreas, cuenta con vigilancia local y perimetral, aunque no sucede así en los edificios abandonados. Fuentes del propio hospital reconocen que es común que por las noches accedan al recinto, en coche, jóvenes parejas.
La impunidad de la administración pública
Rubén Salgado, un letrado carballinés especializado en asuntos de protección de datos y videovigilancia, considera una infracción absoluta el abandono en un espacio en ruinas y de acceso libre, de documentos en los que se recoge información relativa a la salud de personas. La Ley de Protección de Datos, en su artículo 9, recoge la necesidad de establecer medidas de seguridad alrededor de información sensible, en este caso sobre la intimidad de personas. No basta con guardar el secreto médico, también hay que salvaguardar la información escrita de los pacientes.
Salgado explica que la infracción en la que, a su criterio, incurre el Sergas, está tipificada como grave. Hay tres niveles de seguridad: bajo, medio, y máximo. El máximo es el que se aplica a los datos de salud. Las sanciones, especificadas en el artículo 44.3, pueden alcanzar hasta los 300.000 euros, aunque sólo en caso de que los datos no sean suficientemente protegidos por una entidad privada. En aquellas circunstancias en que una administración pública, como el Sergas, no preserva la información suficientemente, no se aplican multas económicas, y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sólo puede dictar una resolución condenatoria requiriendo al Sergas para que corrija las deficiencias que han llevado a la comisión de la infracción, señala Rubén Salgado. El letrado recuerda que aun en el caso de que puedan estar muertas las personas cuyos informes son abandonados, existe algo que se llama intimidad familiar.
Los informes de los pacientes, redactados en 1973 bajo la cobertura del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica (PANAP), institución franquista que en esos tiempo auspiciaba al Hospital, recogen apuntes relativos a su comportamiento social, su ánimo, aseo, agitaciones, medicación, entretenimientos, nivel de peligrosidad e incluso hábitos religiosos. Me parece un asunto lo suficientemente grave como para que se ponga el material fotográfico, reproducido ayer por este periódico, y que demuestra la vulneración de la protección de datos, en conocimiento de la Agencia. Y que ésta actúe como corresponda, señala su portavoz.
La escombrera que alberga el sótano del viejo edificio administrativo, demuestra que hay unas medidas de seguridad que se tienen que cumplir a rajatabla, y no se cumplieron. La información sensible sobre los pacientes sólo puede estar al alcance del personal sanitario. Y siempre y cuando eso esté entre sus funciones.
Es que estamos ante datos de salud, datos referentes a comportamientos religiosos. Por favor, se escandaliza la portavoz de la Agencia. Nunca jamás en la vida deberían haber aparecido esos papeles en un edificio abandonado. Aunque esté dentro del recinto hospitalario, hay que adoptar las medidas de seguridad pertinentes. Eso no se puede consentir. Da lo mismo que se trate de datos del año 1973: son datos personales igualmente. Otra cosa sería que hubiesen aparecido en 1973, cuando no había una Ley de Protección de Datos. Pero ahora la hay.
La AEPD lo tiene claro. La Xunta de Galicia no tanto. Lejos de admitir los hechos y su trascendencia, y anunciar que pondrá las medidas precisas para que no se repitan, el Sergas negaba lo que fotografías parecían demostrar. Es decir, que han sobrevivido al paso de tres décadas papeles del Hospital con información que atañe a la salud de sus pacientes.
En un comunicado, Sanidade asegura que en el sótano hay antiguas revistas, boletines oficiales y anotaciones manuscritas de difícil identificación, que en ningún caso pueden ser consideradas, pese a su antigüedad, expedientes médicos o documentos oficiales. Sin embargo, en los documentos se identifican perfectamente nombre y apellidos del paciente, del doctor que lo trataba y del enfermero que lo observaba.
El Sergas sostiene que la puerta del sótano estaba excepcionalmente abierta porque así lo requirió la Guardia Civil, que buscaba a la joven Laura Alonso, posteriormente aparecida muerta. En las dos semanas que han transcurrido desde entonces, nadie procedió a cerrar de nuevo la puerta y así preservar la intimidad de los pacientes.
La Xunta admite el mal estado del recinto
El Sergas admite que pese a la alta calidad clínico asistencial y óptima dotación de personal, ni el emplazamiento ni la antigüedad y dificultades de conservación del Hospital parecen en la actualidad la situación ideal. El comunicado emitido por el Sergas, para responder a la información aportada por este periódico ayer, sostiene, entre otras afirmaciones, que a día en el recinto solamente resta documentación administrativa pasiva y sin carácter personal. La fotografía que ilustra esta página evidencia que se consignan datos relativos a un paciente, como el nombre (que en el documento fue eliminado para garantizar la confidencialidad del enfermo) o los hábitos sociales. El comunicado afirma, asimismo, que el recinto hospitalario, de dos hectáreas, cuenta con vigilancia local y perimetral, aunque no sucede así en los edificios abandonados. Fuentes del propio hospital reconocen que es común que por las noches accedan al recinto, en coche, jóvenes parejas.
La impunidad de la administración pública
Rubén Salgado, un letrado carballinés especializado en asuntos de protección de datos y videovigilancia, considera una infracción absoluta el abandono en un espacio en ruinas y de acceso libre, de documentos en los que se recoge información relativa a la salud de personas. La Ley de Protección de Datos, en su artículo 9, recoge la necesidad de establecer medidas de seguridad alrededor de información sensible, en este caso sobre la intimidad de personas. No basta con guardar el secreto médico, también hay que salvaguardar la información escrita de los pacientes.
Salgado explica que la infracción en la que, a su criterio, incurre el Sergas, está tipificada como grave. Hay tres niveles de seguridad: bajo, medio, y máximo. El máximo es el que se aplica a los datos de salud. Las sanciones, especificadas en el artículo 44.3, pueden alcanzar hasta los 300.000 euros, aunque sólo en caso de que los datos no sean suficientemente protegidos por una entidad privada. En aquellas circunstancias en que una administración pública, como el Sergas, no preserva la información suficientemente, no se aplican multas económicas, y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sólo puede dictar una resolución condenatoria requiriendo al Sergas para que corrija las deficiencias que han llevado a la comisión de la infracción, señala Rubén Salgado. El letrado recuerda que aun en el caso de que puedan estar muertas las personas cuyos informes son abandonados, existe algo que se llama intimidad familiar.
