Un informe pericial será la llave que desbloquee las obras de San Francisco. Este documento, que podría ser entregado al juez en los próximos días, dictaminará si la primera concesionaria ejecutó obras de refuerzo en el claustro, algo que consideran incierto en el Ministerio de Cultura y que supone la mayor urgencia del complejo.
La resolución del juez Manuel Arce Lana, titular del Juzgado Central de lo Contencioso, en la que avala la rescisión dictaminada por el Ministerio de Cultura contra la empresa originalmente adjudicataria de los trabajos de San Francisco (la UTE Hispánica de Construcciones) constituye un paso más, aunque no es el único para la reanudación de las obras.
Este hecho responde al origen mismo del conflicto entre el ministerio y la adjudicataria. La UTE Hispánica Construcciones interpuso el 12 de mayo de 2008 un recurso contencioso contra la administración, en el que reclamaba la liquidación de 2.604.968 euros más los intereses correspondientes por sus trabajos. Esta cantidad está considerada por la Dirección Facultativa del Ministerio de Cultura como muy superior a la acreditada, entendiendo que los pagos se efectuaron conforme a las certificaciones de obra ejecutadas.
Para dirimir esta cuestión, Cultura solicitó hace seis meses que un perito verificase el estado de dichas obras. El alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, considera que este plazo está a punto de expirar, por lo que avanza que dicho informe pericial está a punto de pasar a manos del juez del que depende el proceso.
Una vez que el magistrado titular del Juzgado Central de lo Contencioso revise dicho documento, podría abrir un período de alegaciones al peritaje. De no ser así, o una vez que concluya de ser estimado, la decisión de la reanudación de las obras esta ría en manos del juez Manuel Arce Lana. Fuentes municipales consideran que el citado informe verificará el estado de abandono del claustro y el peligro de derrumbe de este monumento considerado Bien de Interés Cultural, por lo que el inicio de los trabajos de recuperación podría ser inminente. No obstante, las mismas fuentes destacan que el período de tramitación está totalmente culminado y matizan que todo este problema es consecuencia directa de la adjudicación a toda prisa que realizó el gobierno del PP a una empresa que no cumplió con el patrimonio de los ourensanos.
Con el fin de vigilar el proceso judicial y mantener la atención sobre estos acontecimientos, el Concello ha solicitado su personación en el caso a título informativo, lo que significa que los servicios jurídicos municipales contarán de primera mano con la información que se produzca en el juzgado madrileño.
Una vez que el juez desbloquee la reanudación de las obras, será la constructora Copasa la encargada de asumir los trabajos. Fuentes de esta empresa prefieren no valorar ni interpretar el avance judicial hasta que no reciban la resolución que les facultará a retomar los trabajos.
Más de 26 millones para los trabajos
Fuentes cercanas al Ministerio de Cultura subrayan que el proceso para retomar las obras en San Francisco ha sido completamente cumplimentado desde el punto de vista administrativo, después del parón que sufrió el expediente desde el año 2004. De hecho, ya existe una cifra estimada para la finalización de los trabajos, consistente en 26.464.000 euros, que será dividida en diferentes anualidades (para 2009 están consignados en los Presupuestos Generales del Estado tres millones de euros).
El clamor de la ciudad para solicitar la reanudación de los trabajos ha contado con muestras en todos los partidos políticos. A la carta remitida el pasado 2 de octubre por el alcalde de Ourense al juez responsable del proceso se le sumó una proposición no de ley presentada por los diputados populares en el Congreso, Celso Delgado y Jesús Vázquez, con el fin de instar al Gobierno a que finalizase los trabajos de forma inmediata.
Los diputados ourensanos del PP cuantificaron en 10,5 millones de euros las partidas que el Ministerio de Cultura consignó desde 2005 pero que nunca llegó a ejecutar en San Francisco. Asimismo, también recordaron que el complejo cultural tendría que haber sido inaugurado en 2006, después de que las obras fuesen adjudicadas el 4 de noviembre de 2003 por Mariano Rajoy, entonces ministro de Cultura, por un importe de 15 millones de euros.
Este hecho responde al origen mismo del conflicto entre el ministerio y la adjudicataria. La UTE Hispánica Construcciones interpuso el 12 de mayo de 2008 un recurso contencioso contra la administración, en el que reclamaba la liquidación de 2.604.968 euros más los intereses correspondientes por sus trabajos. Esta cantidad está considerada por la Dirección Facultativa del Ministerio de Cultura como muy superior a la acreditada, entendiendo que los pagos se efectuaron conforme a las certificaciones de obra ejecutadas.
Para dirimir esta cuestión, Cultura solicitó hace seis meses que un perito verificase el estado de dichas obras. El alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, considera que este plazo está a punto de expirar, por lo que avanza que dicho informe pericial está a punto de pasar a manos del juez del que depende el proceso.
Una vez que el magistrado titular del Juzgado Central de lo Contencioso revise dicho documento, podría abrir un período de alegaciones al peritaje. De no ser así, o una vez que concluya de ser estimado, la decisión de la reanudación de las obras esta ría en manos del juez Manuel Arce Lana. Fuentes municipales consideran que el citado informe verificará el estado de abandono del claustro y el peligro de derrumbe de este monumento considerado Bien de Interés Cultural, por lo que el inicio de los trabajos de recuperación podría ser inminente. No obstante, las mismas fuentes destacan que el período de tramitación está totalmente culminado y matizan que todo este problema es consecuencia directa de la adjudicación a toda prisa que realizó el gobierno del PP a una empresa que no cumplió con el patrimonio de los ourensanos.
Con el fin de vigilar el proceso judicial y mantener la atención sobre estos acontecimientos, el Concello ha solicitado su personación en el caso a título informativo, lo que significa que los servicios jurídicos municipales contarán de primera mano con la información que se produzca en el juzgado madrileño.
Una vez que el juez desbloquee la reanudación de las obras, será la constructora Copasa la encargada de asumir los trabajos. Fuentes de esta empresa prefieren no valorar ni interpretar el avance judicial hasta que no reciban la resolución que les facultará a retomar los trabajos.
Más de 26 millones para los trabajos
Fuentes cercanas al Ministerio de Cultura subrayan que el proceso para retomar las obras en San Francisco ha sido completamente cumplimentado desde el punto de vista administrativo, después del parón que sufrió el expediente desde el año 2004. De hecho, ya existe una cifra estimada para la finalización de los trabajos, consistente en 26.464.000 euros, que será dividida en diferentes anualidades (para 2009 están consignados en los Presupuestos Generales del Estado tres millones de euros).
El clamor de la ciudad para solicitar la reanudación de los trabajos ha contado con muestras en todos los partidos políticos. A la carta remitida el pasado 2 de octubre por el alcalde de Ourense al juez responsable del proceso se le sumó una proposición no de ley presentada por los diputados populares en el Congreso, Celso Delgado y Jesús Vázquez, con el fin de instar al Gobierno a que finalizase los trabajos de forma inmediata.
Los diputados ourensanos del PP cuantificaron en 10,5 millones de euros las partidas que el Ministerio de Cultura consignó desde 2005 pero que nunca llegó a ejecutar en San Francisco. Asimismo, también recordaron que el complejo cultural tendría que haber sido inaugurado en 2006, después de que las obras fuesen adjudicadas el 4 de noviembre de 2003 por Mariano Rajoy, entonces ministro de Cultura, por un importe de 15 millones de euros.
