El edificio de la calle Marcelo Macías, que una sentencia obliga a demoler para devolver el solar a su situación original, acorde con el planeamiento de 1986 -tres viviendas unifamiliares-, es la consecuencia de una de las discutidas recalificaciones urbanísticas del Plan de 2003, el que había promovido el exalcalde popular Manuel Cabezas. En virtud de aquella recalificación, lo que era un solar con aserradero y con la posibilidad de construir tres viviendas unifamiliares, se transformó en un denso inmueble de ocho plantas más ático, y en suelo urbano consolidado, es decir, exento de cesiones urbanísticas al Concello.
Tres propietarias demandaron en su día pero con la primera sentencia anulatoria del PXOM de 2003 pidieron aplazar su caso hasta que hubiese resolución definitiva, por lo que la licencia concedida en su día no adquirió firmeza. Su demanda volvió a activarse cuando el Plan cayó definitivamente y ahora han logrado que el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Ourense ordene 'la demolición de lo realizado' al amparo de la licencia municipal concedida a la empresa promotora, Nabuiña, y 'la restitución del terreno objeto de edificación a su estado anterior o situación primitiva'.
El Concello anunció ayer que recurrirá la sentencia, que no es firme, ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero fuentes del gobierno local han precisado que las posibilidades de obtener éxito en este trámite son escasas porque ahora la licencia concedida se ha otorgado en base a un planeamiento que ya no existe, y esa licencia tampoco puede considerarse firme; además, el inmueble no está amparado por la ordenación provisional.
Con todo, dice que defenderá los intereses del Concello hasta el final para evitar la demolición o una indemnización a las demandantes.
El Concello anunció ayer que recurrirá la sentencia, que no es firme, ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero fuentes del gobierno local han precisado que las posibilidades de obtener éxito en este trámite son escasas porque ahora la licencia concedida se ha otorgado en base a un planeamiento que ya no existe, y esa licencia tampoco puede considerarse firme; además, el inmueble no está amparado por la ordenación provisional.
Con todo, dice que defenderá los intereses del Concello hasta el final para evitar la demolición o una indemnización a las demandantes.
